La salud es cara

El Gobierno está dispuesto a contribuir a enjugar el déficit generado por el gasto sanitario en las comunidades autónomas, pero sólo si éstas coadyuvan al mismo fin mediante recargos impositivos o la creación de nuevos impuestos. El asunto será tema monográfico de la segunda conferencia de presidentes autonómicos prevista para el próximo mes de junio.

La sanidad absorbe un porcentaje creciente del gasto público, aquí y en casi todos los países. En algunas comunidades, como Murcia, supone cerca del 40% del presupuesto total. El déficit con que cerraron el ejercicio de 2003 en 11 de las 17 autonomías estuvo provocado principalmente por la sanidad. La deuda sanitaria total del conjunto de comunidades supera los 4.500 millones de euros. La respuesta inercial de varios gobiernos autonómicos ha sido pedir que el Estado ponga la cuenta a cero con cargo a los Presupuestos generales. Seguir ese criterio supondría apostar por la perpetuación del desequilibrio. E implica de hecho una penalización para las comunidades que hayan gestionado sus recursos con eficiencia.

El sistema actual de financiación establece la distribución del montante total entre las comunidades con arreglo al criterio de población asistida, ponderado con factores como porcentaje de mayores de 65 años, entre otros. Hay discrepancias sobre la incidencia que pueda tener la población transeúnte, especialmente en comunidades turísticas. En todo caso, sería un problema a arreglar entre comunidades, y no necesariamente con cargo a los Presupuestos del Estado. Otro factor a valorar es el del aumento de población por la inmigración, que no afecta a todas en la misma medida.

Tanto el ministro Solbes como la ex ministra de Sanidad del PP Ana Pastor han propuesto en los últimos meses un pacto de Estado sobre la financiación de la sanidad que cumpla una función similar a la del Pacto de Toledo en relación a las pensiones. No sólo para garantizar unos ingresos suficientes, sino para establecer mecanismos de limitación del gasto. Pero la evolución del gasto sanitario depende en buena medida del catálogo de prestaciones que, a partir de un mínimo garantizado para todas ellas, corresponde a decisiones políticas de cada comunidad. Es lógico, por ello, que las comunidades se corresponsabilicen de la financiación adicional. Bien detrayendo fondos de otras partidas, bien utilizando su capacidad normativa sobre determinados impuestos para aumentar los ingresos tributarios.