El gobierno de Chipiona pagará 2,3 millones por despidos ilegales

El Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha sido condenado por la Magistratura de Trabajo al pago de unos 2,3 millones de euros en concepto de indemnización por el despido "improcedente" de 200 empleados municipales ordenado el pasado septiembre por la entonces alcaldesa Dolores Reyes (PSOE). La cuantía es provisional ya que aún están pendientes de revisión los casos de otro centenar de trabajadores afectados por la medida y cuyos juicios están previstos hasta la última semana de abril.

El cese de los trabajadores, la mayoría de ellos con derechos laborales adquiridos por haber permanecido vinculados con el Ayuntamiento por más de tres años, fue decidido unilateralmente por Reyes, sin negociación previa con los sindicatos municipales ni la oposición política, para "rebajar el nivel de gasto del Ayuntamiento", que consideró "exorbitante". La medida causó una fuerte reacción social que desembocó en su destitución, decidida por la ejecutiva provincial socialista en octubre de 2004, y su sustitución por el número dos de la lista del PSOE en la pasadas elecciones municipales, Manuel García.

García, confirmó ayer que, "ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores afectados, porque es evidente que el Ayuntamiento no puede soportar una plantilla como la que teníamos anteriormente", se propone hacer frente "en el más breve plazo de tiempo posible" al pago de las indemnizaciones a pesar de la critica situación financiera del consistorio, que el pasado mes de diciembre se vio obligado a recurrir a un préstamo de la Diputación de Cádiz para poder abonar las nómina de los funcionarios municipales.

Situación financiera crítica

El alcalde aseguró que mantiene negociaciones con entidades bancarias y con otras administraciones para encontrar líneas de financiación con las que poder "solventar la situación personal y familiar" de los trabajadores con los que dijo estar "completamente identificado y comprometido".

García explicó que, "para no demorar la situación", el Ayuntamiento ha reconocido la improcedencia de los despidos y ha renunciado al derecho que le asiste para impugnar del proceso.

El alcalde anunció un periodo de "grandes dificultades económicas en el Ayuntamiento porque la situación es seria" y anunció que en la actualidad negocia con la Junta la aplicación de un programa especial de fomento de empleo para poder recolocar los trabajadores municipales excedentes. El primer edil mostró su "empeño" en poder ofrecer alternativas laborales mediante "la creación de viveros de empresas, medidas de dinamización industrial y cursos de formación para adaptar a los trabajadores a las necesidades del mercado laboral de la zona". García dijo haber obtenido, en las conversaciones previas, "un compromiso muy fuerte de la Junta con Chipiona para los próximos años".