El tren de Castellar cruzaba terrenos que no eran de la Generalitat
El ex presidente cobraba 3.000 euros al mes
La Generalitat ha reorientado la construcción del carrilet de La Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug, proyecto en el que lleva invertidos ya más de cuatro millones de euros. El plan se encontraba en un callejón sin salida, con un proyecto pagado casi totalmente por el Gobierno en terrenos que no eran de su titularidad y con instalaciones que se levantaban sin la correspondiente tramitación urbanística. Manel Nadal, secretario de Movilidad, ha encargado una auditoría para esclarecer la gestión, que califica, en el mejor de los casos, de "desorden administrativo".
Las obras se iniciaron a través de un consorcio con ayudas de varios departamentos de la Generalitat (Política Territorial, Medio Ambiente) y fondos Miner, dedicados a zonas mineras en regresión.
El proyecto prevé la construcción de un tren turístico con un recorrido de apenas cuatro kilómetros y de difícil viabilidad económica. La Generalitat participa de manera directa desde el año 1999, cuando se creó el Consorci de l'Alt Berguedà. CiU advirtió que el consorcio no podía seguir porque, además del desorden administrativo, vivía en situación de conflicto permanente entre el Ayuntamiento de Castellar de n'Hug, el de La Pobla y la fundación Museo del Transporte, que era el ente que gestionaba tanto el tren como el propio museo y que tenía los mismos directores que la Escuela de Restauración de Vehículos Antiguos.
La confianza de Felip Puig
El Ejecutivo creó el consorcio, en un intento de sentar en una misma mesa a todas las partes y dar la batuta a un gerente, que no fue otro que un hombre de confianza de Felip Puig, Ramon Minovas, presidente comarcal de CDC del Berguedà. Su sueldo superaba los 3.000 euros mensuales.
El análisis de lo hecho ha mostrado una situación de desorden en la que se actuaba "sin planificación" y con la intención de poder ponerlo en marcha antes de las elecciones autonómicas. Los problemas técnicos y legales lo impidieron.
El tren circula por un tramo de vía que hasta hace pocos meses era propiedad de la empresa textil Mitasa, en quiebra, y se había construido una nave para albergar el museo en un terreno que no era urbanizable. Además, faltaban los planes ferroviarios, la homologación del material móvil y las pruebas de resistencia del material existente, una vía de más de un centenar de años ahora restaurada.
Nadal ha querido romper con esta situación y ha cedido el proyecto a Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña y, además, ha propiciado un cambio en los estatutos del consorcio para que la Generalitat sea la Administración que lo encabece, con una participación de más del 50%. Ahora, el Ejecutivo ocupa la presidencia, cargo que recae en el subdelegado del Gobierno de la Cataluña central, Josep Ramon Mora.
Estos días se han realizado las pruebas de señalización estática y en los próximos días se probará el material de rodadura. Entre otros problemas, la máquina diesel que se adquirió no podrá cargar más de tres vagones, o lo que es lo mismo, 90 personas. Una limitación más al proyecto.
