Andalucía tiene las tasas para las oposiciones más elevadas del país

Los sindicatos Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía) y FASE-CGT (Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la confederación General del Trabajo) han denunciado que el Gobierno andaluz aplicará las tasas más caras de España para los aspirantes a las plazas de maestros de Infantil y Primaria. Según estas organizaciones las tasas que deberán pagar los opositores, 62,2 euros, son "abusivas y desproporcionadas".

Los sindicatos dicen que las tasas andaluzas son "más del 400% de lo que se ha de pagar en la comunidad autónoma donde resulta más barato: Islas Canarias". A falta de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el borrador de la convocatoria para el cuerpo oficial de maestros en esa región establece que los aspirantes deberán abonar 14,52 euros.

La Consejería de Educación no niega que las tasas sean las más caras de España, pero lo achaca al número de plazas convocadas. Mientras en las Islas Canarias se ha acordado convocar 1.116 plazas, en Andalucía son 4.012. Es decir, si en Andalucía las tasas son un 428% más caras que en Canarias se debe a que se convocan un 360% más de plazas, según su razonamiento. "Las tasas son algo más caras, pero somos la comunidad en la que se han sacado un mayor número de plazas", resumen desde Educación.

Coste de los tribunales

Según la la Consejería, la mayor parte del dinero recaudado se utilizará para cubrir el "coste importante" que supone la puesta en marcha de los "suficientes tribunales" para responder la demanda de aspirantes. Y dentro de estos costes, una parte importante va a parar a las dietas de los examinadores, el resto, al material para las pruebas.

Hace dos años, los aspirantes tuvieron que abonar 59,78 euros, es decir, un 3,9% menos que en la actual convocatoria que se realizará en junio.

Sin embargo, CGT considera excesivas las tasas ya que las personas que "desean participar en los procedimientos selectivos son, la mayoría, trabajadores en precario a los que se les exige presentarse para poder seguir trabajando y también, las que desde el desempleo intentan hallar una primera ocupación".

Los sindicatos critican que la Junta "sólo ha considerado la posibilidad de exención del pago en los casos de aquellos que acrediten la condición legal de discapacidad igual o superior al 33% y una reducción de tres euros para las tramitaciones a través Internet". Algo con lo que no están satisfechos porque consideran que la Comunidad no tiene "sensibilidad social" al no tener en cuenta que la tasa de desempleo es "la más alta".