Los vecinos facilitan las tareas de apuntalamiento de dos edificios del Carmel

No hará falta una segunda orden judicial. Los vecinos autorizaron ayer al Departamento de Política Territorial de la Generalitat a sacar los muebles de los edificios del número 4 del pasaje de Calafell y el 8 de Conca de Tremp, que tienen que ser apuntalados para poder derribar los tres inmuebles colindantes. Después del enfado de los afectados el pasado sábado, cuando los técnicos entraron en sus pisos con orden judicial en mano, ayer los ánimos se serenaron algo.

Mientras, ayer, los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento siguieron en los bajos de Conca de Tremp, 8, y en dos de los pisos de ese edificio que están vacíos. En el resto de las viviendas de ese inmueble y en el del pasaje de Calafell los trabajos de apuntalamiento no se podían iniciar hasta tener la autorización de los propietarios para retirar los muebles. La falta de espacio en algunos casos y la necesidad de una posterior rehabilitación hacía necesario vaciar las viviendas, algo que no se podía realizar si los afectados no lo autorizaban. La otra alternativa era solicitar otro mandato judicial. Esta perspectiva no gustaba ni a la Administración ni a los vecinos. "Nosotros estamos dispuestos a colaborar y queremos seguir negociando, pero también confíamos en el buen talante por parte de la Administración", manifestó la abogada Mari Carmen Pérez-Pozo. Lo hizo en un tono más conciliador que el utilizado el sábado cuando los técnicos se presentaron con el mandato judicial para apuntalar por el riesgo de hundimiento de los edificios declarados en ruina, cuyo derribo no se puede empezar, precisamente, hasta que no se apuntalen los dos colindantes.

Los trabajos de apuntalamiento de ambos inmuebles podrían prolongarse durante una semana, por lo que el derribo de los tres edificios sentenciados -Conca de Tremp, 6, y pasaje de Calafell, 6 y 8- no se podrá emprender hasta la última semana de marzo. Esas son las previsiones de los equipos de arquitectos y técnicos que realizan esos trabajos. En cuanto al tiempo necesario para derribar los tres edificios, los técnicos creen que tal vez se necesite un mes, ya que se realizará casi a mano para evitar daños en las dos fincas que se apuntalarán y reforzarán.

Mientras, las conversaciones de las 11 familias de los inmuebles que se deben apuntalar con la Administración se reanudarán mañana. La abogada Pérez-Pozo comentó ayer que confía en que se desencallen. "Hasta ahora sólo hemos conseguido que acepten los conceptos, pero nada más", explicaba. Los conceptos son varios: indemnizaciones por daños morales, compensación por la depreciación de los pisos, y que los que se ofrezcan a cambio -en los casos en que los afectados no se sientan seguros en sus casas después de todo el proceso de rehabilitación- sean nuevos, viviendas públicas pero liberando los plazos que impone la protección. "Confíamos en poder llegar a acuerdos concretos", subrayó la letrada.

La Administración ve con prudencia la siguiente ronda negociadora ante la evidencia de que sólo se ha conseguido avanzar en la cantidad mensual que percibirán las 11 familias hasta que puedan regresar a sus casas. Todo lo demás está abierto y sujeto a unas evaluaciones -por ejemplo, la tasación de los pisos para calcular la depreciación que han sufrido o el pago de su valor por la Generalitat a los propietarios- difíciles de conjugar en un proceso de este tipo. Y lo mismo ocurrirá, con toda probabilidad, para fijar la indemnización por daños morales. La Generalitat se enfrenta a la disyuntiva de buscar un acuerdo que satisfaga a los afectados del Carmel o renunciar a cierta generosidad porque supondría un trato preferente respecto a otros episodios parecidos.La ronda negociadora con los afectados de los edificios colindantes a los que se tienen que derribar no será la única que se emprenderá esta semana. También está previsto otro encuentro entre representantes de la Asociación de Vecinos del Carmel y los negociadores de Política Territorial. En este caso, se centra más en la compensación por los daños morales de los 1.089 desalojados de sus casas el pasado 27 de enero, sobre todo de los residentes de la llamada zona verde, la más alejada del socavón cuyo regreso depende de que concluyan las inspecciones.

La Administración se negó en redondo a indemnizar con 30.000 euros a cada una de estas familias considerando que no es lo mismo perderlo todo -el piso, muebles, enseres, hasta la memoria, que es lo que les pasó a las 12 familias que vieron caer sus viviendas del número 10 de pasaje de Calafell- que exigir una compensación por estar exiliados de sus casas por un accidente en unas obras que se hicieron mal. Pero sí dio el brazo a torcer en que la cifra que se fije sea por persona. Los vecinos dejaron claro que el importe de 6.000 euros por familia-que fue la cantidad de salida que ofertó la Administración-les parecía insuficiente. Por no decir insignificante.

Portavoces del Departamento de Política Territorial señalaron que a lo largo de esta semana se continuarán realizando inspecciones en las viviendas que quedan fuera del perímetro amarillo, las más cercanas al socavón que se tienen que recimentar antes de que puedan volver sus residentes. Igualmente puntualizaron que de las ya realizadas se podría estar en condiciones de programar las tareas de limpieza y pintado de las viviendas antes de que se entreguen los certificados de solidez geológica, del estado del edificio y de la propia vivienda. En principio, se planteará la posibilidad de hacer esos trabajos antes de que regresen a los domicilios aunque se podrían llevar a cabo con los vecinos ya en las casas, en función de lo que prefieran, indicaron las mismas fuentes.

Hasta finales de la semana pasada se había realizado el 40% de las inspecciones de los bloques de la zona verde y la Administración confía en seguir con ese ritmo una vez que la Asociación de Vecinos del Carmel ya ha levantado el boicoteo a las inspecciones a pesar de que no se ha alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones que se deben percibir.