No olvidemos Tablada hasta el final

El asunto de los terrenos de Tablada se ha convertido en un paradigma de los catastróficos efectos que está ocasionando el sistema actual de propiedad y gestión del suelo urbano en España. Para entenderlo debemos detenernos a considerar cuáles son sus principales notas caracterizadoras:

1. El suelo urbano es un bien básico y naturalmente escaso, en el que no se cumplen las reglas básicas de la economía de mercado. Es algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el agua. Nada cuesta imaginar qué precios alcanzaría el metro cúbico del agua si su distribución se dejara en manos de la codicia, de un mercado por completo ineficiente debido a la escasez. Afortunadamente, el agua es un bien de dominio público, excluido del comercio.

En la aventura especulativa de Tablada pagaremos todos a escote el enriquecimiento injustificado de unos pocos

Por el contrario, la distribución y el intercambio de bienes inmuebles urbanos en la sociedad tiene lugar en un aparente régimen de mercado, como si se tratara de simples manufacturas.

2. El valor añadido que a un terreno le otorga su carácter de urbano resulta de un complejo y combinado proceso, en el que intervienen el propio crecimiento de la urbe y decisiones político-administrativas de planeamiento urbanístico. Nada hay, pues, en el valor urbano del suelo que se lo haya otorgado su propietario. Nada ha hecho el propietario, ningún esfuerzo ha realizado, ningún recurso ha empleado, para que el suelo urbano adquiera un valor superior al que tenía su mero aprovechamiento rústico.

Pues bien, en nuestro sistema jurídico, la regla general es que quien se apropia de las plusvalías del suelo urbano no es la sociedad, creadora de este valor añadido, sino el propietario privado.

3. El Estado, consciente de esta sorprendente paradoja, ha puesto en marcha a lo largo del tiempo numerosos, complejos y costosos sistemas, con la pretensión de recuperar esas plusvalías. A esta finalidad atienden diversas técnicas, fundamentalmente urbanísticas (cesiones obligatorias) y fiscales (tributación de las plusvalías) que, a duras penas, consiguen recuperar una parte de ese valor añadido que la sociedad ha creado.

El sistema, como bien se comprende, es completamente absurdo: el Estado permite al propietario privado que se apropie legalmente de algo que no es suyo, para luego intentar recuperar su valor y entregárselo a su legítimo propietario, que es la ciudad, la sociedad en su conjunto, sin conseguirlo y a un alto coste.

4. La calificación por el planeamiento urbanístico de un terreno como urbano hace que, mágicamente, se incremente su valor hasta miles de veces, sobre su original valor rústico. Este prodigio no sólo estimula la codicia, sino que se convierte con frecuencia en tabla de salvación de toda clase de negocios, proyectos y actividades ruinosos o al menos inviables si no es con el apoyo que les prestan las plusvalías que sus promotores esperan conseguir con las recalificaciones, que exigen de modo absolutamente descarado. A su vez, los ayuntamientos, espoleados por la penuria presupuestaria en la que viven, se ven obligados a utilizar su potestad de planeamiento, no sólo para programar el futuro de la ciudad, sino para obtener recursos con los que prestar los servicios que demandan los ciudadanos.

Los perversos efectos de este fenómeno son bien conocidos. De un lado, la ciudad no crece cómo y hacia donde impone la racionalidad urbanística y quieren los ciudadanos, sino cómo y hacia donde la lleva una conjunción de la codicia privada y la penuria pública, produciendo un daño solo reparable a lo largo de varias generaciones. Y de otra parte, el precio del suelo pierde todo contacto con la racionalidad económica y se comporta como si de un mercado negro se tratara, con la gravísima repercusión que esto tiene en el precio de la vivienda.

Véase el caso de Tablada. ¿Es lógico y racional que la ciudad de Sevilla se extienda hacia aquel paraje? ¿Lo quieren los ciudadanos? Una decisión de tal naturaleza debe nacer de un debate racional, en el que se tomen en consideración los diferentes aspectos implicados (sociales, políticos, económicos, medioambientales, técnicos, etc.) para finalmente adoptar la decisión más conveniente para el interés general, para el futuro de la ciudad.

Frente a ello, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que unos propietarios privados, guiados meramente por su propio interés, han comprado los terrenos rústicos de Tablada y han comenzado a presionar al Ayuntamiento para que se los recalifique, a sabiendas de que obtendrán unas plusvalías multimillonarias. Ni más ni menos que lo que han hecho enésimas veces otros colegas en análogas circunstancias.

Pero en esta ocasión, ¡oh, maravilla!, el Ayuntamiento ha decidido -en Tablada, que no en otros sitios- enfrentarse a la codicia.

¿Que ocurrirá? Parece que los poderes públicos (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) van en serio, con lo que a los propietarios no les quedará más remedio que defender sus intereses en otro ámbito, en el que también juegan con ventaja. ¿O es que alguien en su sano juicio ha creído por un instante que los tiburones que detentan la propiedad de Tablada van a consentir perder ni un duro en la operación especulativa en la que están embarcados?

Tendrán de su parte a los mejores abogados del país, algo fuera del alcance de un pobre Ayuntamiento, aunque sea el de Sevilla. Tendrán de su parte a un sistema jurídico y judicial establecido para la defensa de la sacrosanta propiedad privada, lleno de prejuicios hacia la intervención de los poderes públicos (algún necio seguirá considerando los numerosos mecanismos que maniatan a los poderes públicos como un triunfo de la libertad, también en este caso). Y tendrán de su parte, en fin, la pasividad de los ciudadanos, que contemplarán lejanamente la disputa judicial sobre el justiprecio. Sin darse cuenta de que, finalmente, en la aventura especulativa de Tablada pagaremos todos a escote el enriquecimiento injustificado de unos pocos.

Por ello, es importante darse cuenta que la lucha por la defensa de Tablada no ha hecho más que empezar. Las organizaciones ciudadanas que se movilizaron para impedir la recalificación deben seguir alerta. Deben hacer un seguimiento del proceso de determinación del justiprecio y denunciar, si se produjera, cualquier dejación municipal en la defensa de su posición, cualquier abuso de los propietarios, cualquier favoritismo judicial. Para que el caso de Tablada no pierda su carácter ejemplar, de aviso a navegantes, hace falta una enérgica defensa del interés público hasta el final.

Manuel Gómez Martínez es miembro de la Plataforma para la Defensa de Tablada Verde y Pública