Cambio de talante

Entre las tareas que deberá acometer la Conferencia Episcopal, y en especial su nuevo presidente, el obispo Ricardo Blázquez, destaca la de devolver a parámetros de normalidad y respeto mutuo el diálogo con el Gobierno, tras un año de desencuentros e incluso de reprimendas insólitas en los usos diplomáticos vaticanos. En este tiempo se ha producido en las relaciones Iglesia-Estado un fenómeno parecido al de las relaciones con EE UU: el anterior Ejecutivo inclinó de modo tan acentuado la balanza a su favor que los intentos del actual de reequilibrarla han sido interpretados como gestos inamistosos. Se trata, sin duda, de un malentendido, pues no puede considerarse hostil reconducir las relaciones al ámbito del Estado aconfesional que establece la Constitución.

La duda es si la nueva cúpula situará el diálogo en ese ámbito o seguirá apostando por la política de arrancar del Estado concesiones insostenibles. Un dato positivo, o al menos realista, es la vuelta a la comisión episcopal de enseñanza del obispo de Málaga, Antonio Dorado, que negoció el complicado estatus de la asignatura de religión católica acordado con el Gobierno de González en 1993. Y también lo es que la nueva dirección de la Iglesia reconozca "un cambio de talante", aunque mantenga el programa de siempre.

En todo caso, esa supuesta actitud ha brillado por su ausencia en la reacción del nuevo presidente a la hipótesis de una impugnación de los acuerdos España-Santa Sede de 1979 por el actual Gobierno. "Tendrían que atenerse a las consecuencias", advirtió el obispo Blázquez, pasando por alto que la viabilidad de tales acuerdos, nacidos durante la primera fase de la transición a la democracia, depende de su aplicación leal y acorde siempre con la Constitución de 1978. Algo que los obispos no hacen al empeñarse en situarlos por encima de la norma básica que rige la vida de los españoles cuando les reporta ventajas: en los despidos de profesores de religión al margen de las leyes del Estado, en la demanda de un estatus académico privilegiado de la enseñanza de la religión católica en la escuela pública o en la perpetuación de una asignación económica del Estado que deja en palabras la prometida autofinanciación.

En su discurso de apertura de la asamblea clausurada el viernes, el cardenal Rouco Varela señaló que la tarea de la Iglesia "no es política", y subrayó la voluntad de la jerarquía "de mantener unas relaciones positivas de colaboración con las legítimas autoridades del Estado, en el marco del ordenamiento constitucional y de los acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede". No es un mal programa. Lo que tiene que hacer la Iglesia es cumplirlo y dejar de competir con las fuerzas políticas o con los movimientos sociales en asuntos que incumben a éstos.