Consejeros del Gobierno catalán cuestionan la utilidad de la auditoría sobre la gestión de CiU

Diversos consejeros del Ejecutivo de Pasqual Maragall han expresado en las últimas semanas en privado su juicio negativo sobre la utilidad de la auditoría de gestión encargada para medir en qué situación se hallaba la Administración catalana gobernada durante 23 años por CiU. Las críticas a este informe, presentado en diciembre del año pasado, van desde la falta de una lectura en profundidad hasta la necesidad de transgredir la indulgencia con que fueron tratados algunos departamentos de los Gobiernos de Jordi Pujol. Tampoco se realizó una auditoría sobre la obra pública.

La auditoría fue presentada el 28 de diciembre por el consejero de Economía, Antoni Castells, quien ese mismo día pidió comparecer ante al Parlamento para explicarla, lo que por problemas de calendario aún no se ha producido. El informe obedecía a un encargo de Maragall. De esta manera se daba cumplimiento a la cláusula de transparencia que establecen los pactos del Tinell que alumbraron el tripartito.

"Nos hemos autocastrado", aseguraba recientemente un consejero en referencia a los límites del informe que otro alto representante del Gobierno catalán juzgaba redactado en clave de no buscar rupturas ni problemas con la anterior Administración de CiU. El concurso de la federación nacionalista es imprescindible para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán. Pero la sordina, a juicio de los citados consejeros críticos, no ha sido suficiente para apaciguar el descontento nacionalista sobre la auditoría. Al día siguiente de la presentación del informe, el líder de CiU, Artur Mas, aseguraba con solemnidad que el tripartito "carece de legitimidad" para juzgar su gestión de 23 años.

Una casa a su medida

La pataleta nacionalista estalló a pesar de las dosis de generosidad y la sordina que el Gobierno tripartito puso sobre el pasado convergente. En el fondo, en CiU subsiste la idea de que el Palau de la Generalitat es una casa hecha a su medida que no puede albergar a otros inquilinos. A ello se suma que por primera vez en 23 años de Ejecutivos de CiU es ahora cuando se elabora una reforma en profundidad del Estatuto y del sistema de financiación. CiU se debate, pues, entre el boicoteo al Estatuto y su imperiosa necesidad de presentarse ante el electorado como formación insignia del seny catalán, aseguran los observadores.

La llamada crisis del 3%, la acusación de corrupción contra CiU, ha vuelto a poner en circulación los fantasmas familiares convergentes. De ahí llegó la incomprensible querella contra Maragall y la amenaza de boicotear el Estatuto que blandió Mas en el Parlamento.

La profundización en la auditoria, con la consiguiente reacción de CiU, la comisión parlamentaria, la nueva composición de Sindicatura de Cuentas o la oficina antifraude, no van a poner las cosas fáciles al necesario consenso estatutario, pero quizás arroje transparencia sobre las finanzas públicas. El PP trata de aprovechar la situación para plantear lo que denomina "pasteleo" entre CiU y PSC. Los 15 diputados con que cuenta el PP se lo permiten. Pero no será una tarea fácil. La época en que más supuestas irregularidades se detectan en la Administración catalana coincide con el periodo en que los populares apoyaban al Gobierno convergente.

Ayer mismo, los dirigentes de CiU desempolvaron el manido discurso del victimismo y aseguraron que el caso del 3% no es más que una "caza de brujas" para "destruir y marginar" a la federación nacionalista y la alternativa de Artur Mas.

A todo ello se suma la investigación de la Fiscalía de Cataluña y que esta semana empezó a tomar declaración al empresario Juan Antonio Salguero. Éste no es el único que tiene cobros pendientes de Adigsa, la empresa que gestiona el parque de viviendas públicas. La empresa Teyco, una de las que más ha contratado con el Gobierno catalán y propiedad de la familia Sumarroca -el padre Carles Sumarroca fue uno de los fundadores de CDC y amigo personal de Jordi Pujol- también presentó hace unas semanas unas facturas que suman 1,2 millones de euros y que, supuestamente, corresponden a dos obras terminadas en 2002. Adigsa decidió no admitirlas por defectos de forma.