Los portavoces de los tres grupos de la oposición en Orihuela se personan en el 'caso del interventor'

Los portavoces de los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Orihuela, PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verde, solicitaron ayer la personación en la investigación judicial del caso del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. Las diligencias las instruye la titular del Juzgado número 5, María José Leonís Sánchez. La oposición ha acordado esta iniciativa "para la averiguación de los hechos".

La juez ha abierto dos sumarios. El primero para esclarecer la apropiación de 30.000 euros de la que el funcionario se autoinculpó. La segunda causa está relacionada con una denuncia por supuestas calumnias e injurias presentada por el alcalde, José Manuel Medina, del PP, contra el ex interventor, destituido por la corporación el pasado 22 de febrero. Un día después, el funcionario, en una entrevista con los portavoces de la oposición, destapó una serie de supuestos fraudes contables -pagos de facturas falsas e incrementos de obras sin consignación, entre otros-. La conversación fue grabada en dos cintas a las que tuvo acceso este periódico. Medina calificó de falsas las acusaciones del funcionario y cursó la mentada denuncia en la Comisaría. La juez había citado a declarar para ayer al ex interventor. No obstante, la comparecencia se aplazó por enfermedad de la abogada del funcionario.

Por otro lado, la titular del Juzgado número 1 de Orihuela ha admitido a trámite una querella por supuesto delito de falsedad en documento público contra la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, que preside el alcalde. El denunciante, un empresario local, extiende la denuncia a los seis concejales del PP que integran la Comisión de Gobierno y al secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez. El denunciante acusa a los querellados de falsificar un acta de la Comisión de Gobierno para revocar la concesión inicial de una licencia que el órgano municipal le había otorgado para una explotación porcina. Las diligencias están en suspenso hasta la resolución del recurso de reforma contra la admisión de la querella presentado por los denunciados.