Yagüe dio licencia para ocupar casas declaradas ilegales por el TSJA

El Ayuntamiento de Marbella concedió licencia de primera ocupación para 112 viviendas de la urbanización Banana Beach el pasado 6 de mayo de 2004, pese a que 35 días antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había dictado una sentencia en la que declaró nula la licencia de obras para esta promoción por alzarse en un suelo no urbanizable que el planeamiento vigente reserva para equipamiento público.

La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Marisol Yagüe, concedió la licencia de primera ocupación por unanimidad de sus miembros en la sesión celebrada el pasado 6 de mayo. Según consta en el acta de la reunión, la misma quedaba condicionada a que la promotora, Turismo y Recreo Andaluz (Turasa) liquidara una sanción económica por exceso de edificabilidad en la construcción.

La concesión de la licencia de primera ocupación contó con el voto favorable de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. Curiosamente esta edil ejerce la acusación particular contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis concejales de la corporación que en septiembre de 1998 concedieron la licencia de obras para la promoción en zona de áreas libres.

La situación es muy singular. La misma persona que ha acusado y pedido cárcel a quienes dieron una licencia de obra acabó dando su visto bueno al uso de las casas una vez que el tribunal ya las había declarado ilegales. En medio tercia el cambio político de la concejal, que fue expulsada del PSOE cuando en agosto de 2003 respaldó la moción moción de censura contra Muñoz que aupó a la alcaldía a la ex gilista Marisol Yagüe.

La semana pasada se celebró en Málaga el juicio contra Muñoz y los otros seis ediles en el que la acusación particular que ejerce García Marcos pidió una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial por prevaricación.

El concejal del PSOE Silvestre Puertas dijo ayer que esta formación va a poner el caso en manos del fiscal porque posiblemente se ha cometido un delito. "Esto es muy grave y desenmascara al equipo de gobierno porque es evidente que dieron una licencia de primera ocupación a sabiendas de que las viviendas eran ilegales", dijo. Puertas lamentó que con esta decisión se ha causado un perjuicio a compradores que actuaron de buena fe.