Las familias del Carmel que tardarán en volver recibirán una ayuda mensual

Las negociaciones entre la Generalitat y las 11 familias del Carmel, de las que depende el derribo de los tres edificios por demoler y, como consecuencia, parte de los retornos, siguen encalladas después de que la Generalitat rechazara ayer el incremento de las indemnizaciones más allá de los 6.000 euros por familia ya anunciados. El Gobierno anunció, sin embargo, una ayuda mensual a los vecinos de los 12 edificios más dañados durante el tiempo que se prolonguen las complejas obras de recimentación y apuntalamiento.

La cuantía de las ayudas mensuales se decidirá durante la próxima semana. Aparte de este anuncio, las seis horas -tres y tres- que se prolongaron las dos reuniones entre afectados y responsables de la Administración no sirvieron para acercar posturas. Ambos encuentros fueron la continuación de los que empezaron el pasado lunes y ambos terminaron igual: con el compromiso de volverse a reunir la próxima semana.

La primera reunión congregó a los abogados de las 11 familias de los edificios contiguos a los que serán derribados, el número 4 del pasaje de Calafell -cuya abogada es Mari Carmen Pérez-Pozo-, y el 8 de la calle de Conca de Tremp, a las que representa Juan Antequera. "Mal. Salimos hechos polvo", fue la explícita frase con la que la abogada Pérez-Pozo resumió la reunión. La Generalitat les entregó el proyecto detallado de las obras de recimentación y apuntalamiento de las dos fincas, pero no se avanzó en las dos cuestiones clave: la compensación por la pérdida de valor de los pisos y las indemnizaciones por daños morales.

"Entre 6.000 euros por familia [la ayuda que recibirán todas las afectadas] y los 30.000 euros por persona que se ha quedado sin casa, el agravio comparativo es brutal. ¿Cómo les explico ahora yo a los vecinos que represento?", exclamaba la letrada, quien planteó, sin éxito, que "por lo menos" se fijen 6.000 euros no por familia, sino por afectado.

Fue una reunión "tensa y desagradable", aseguró Pérez-Pozo. La delegada del Gobierno catalán en Barcelona, Carme San Miguel, afirmó, en cambio, que se había dado "un paso más". Además de San Miguel, por parte de la Administración, la mesa negociadora estuvo formada por el secretario general de Presidencia, Ramon García-Bragado; la secretaria general de Política Territorial, Carmina Llumà; el secretario de Planificación Territorial, Oriol Nel·lo, y el director del Gabinete jurídico central, Jaume Galofré.

Sobre la compensación por la diferencia entre lo que valían sus pisos antes de los hundimientos y el valor que tienen ahora en el caso de que decidan volver a sus casas, las partes acordaron estudiar la propuesta, según la versión de fuentes de la Generalitat. En palabras de los abogados, la Administración se niega a cuantificar la depreciación argumentando que se trata de una "variable futurible". Los representantes de la Generalitat recordaron que las familias de los 12 edificios más dañados podrán acceder a una vivienda en régimen de permuta si cuando las obras finalizan no se sienten seguros.

La segunda reunión sentó a la mesa negociadora con los representantes de la Asociación de Vecinos del Carmel y de la Federación de Asociación de Vecinos. Tampoco se avanzó en las principales demandas: daños morales y depreciación de las viviendas. "No hay nada, se ha hablado de conceptos, no de cifras", explicó el secretario de la Asociación de Vecinos, Constantino Enguídanos, a la salida.