El acuerdo sobre el Atrium demostrará que la legalidad se compra con dinero, según el PSPV

El PSPV rechazó ayer el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y la promotora del hotel Atrium Beach para legalizar el complejo, que excede la volumetría permitida por el PGOU. El acuerdo incluye demoler dos de las 11 plantas ilegales a cambio de 21.000 metros cuadrados y una multa. El responsable de Urbanismo del PSPV, Eugenio Burriel, advirtió de que si el consejero de Territorio, Rafael Blasco, no cumple la ley hará pensar que la legalidad urbanística se compra con dinero. Blasco calificó de "insuficiente" el pacto y anunció que no lo refrendará.

El Ayuntamiento asegura que acatará las directrices de Territorio y Vivienda

El parlamentario socialista Adolf Sanmartín y el responsable de Urbanismo del partido, Eugenio Burriel, rechazaron ayer el pacto entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, del PP, y la promotora Hotel Luna, SA, del Grupo Costa Blanca, para evitar la demolición de las 11 plantas que le sobran al Atrium Beach.

La promotora del complejo hotelero ha ofrecido al consistorio, según fuentes municipales, la cesión de 21.000 metros cuadrados anejos al hotel para uso público a cambio de demoler sólo un 20% del exceso de volumetría. En la práctica significaría derribar sólo 2,5 de las 11 plantas excedentes gracias a un trasvase de la edificabilidad. Además deberían de pagar 12 millones de euros de multa por la infracción.

La propuesta se debatirá en la comisión de gobierno de la Vila Joiosa mañana jueves, el 16 de marzo está previsto que pase a pleno y después lo deberá de ratificar la Consejería de Territorio. "Es insultante y sospechoso que el consejero, responsable de hacer cumplir le ley y de restituir la legalidad, anuncie ahora el estudio de la nueva propuesta", denunció el diputado Adolf Sanmartín. El parlamentario recordó que Territorio acordó el pasado junio demoler el exceso de edificabilidad del Atrium. "La connivencia de Blasco con el Ayuntamiento resulta incomprensible y de dudosa imparcialidad", destacó Sanmartín, que pidió a Blasco una comisión que investigue "las presuntas irregularidades, complicidades políticas y oscurantismos cometidos" por el ayuntamiento. Burriel insistió en que el caso del Atrium es resultado de 10 años de una política urbanística permisiva -"con unos más que otros", precisó- y de crecimiento sin control. "Si Blasco no cumple con la orden de demolición se abrirá paso la idea de que pagando se compra la legalidad urbanística".

Burriel agregó que estas prácticas recuerdan los tiempos del franquismo y aseguró que el partido no descarta emprender acciones legales. "¿No les extraña que se edifiquen 11 pisos de más?, ¿qué hay detrás?, ¿por qué el alcalde no ha actuado? y ¿por qué Blasco ha cambiado de opinión?", dejó Burriel sobre la mesa. Sanmartín barajó incluso que Blasco "quiera abrir una gatera" en la ley de Urbanismo para dar salida a este tipo de casos.

EU-L'Entesa, a través de Joan Antoni Oltra, se refirió al acuerdo como una muestra "del poder real que los constructores y promotores tienen sobre el PP".

Para el diputado de la coalición de izquierdas, "la Consejería de Territorio y Vivienda no puede bendecir un arreglo turbio".

Un portavoz oficial de la Consejería de Territorio y Vivienda aseguró ayer que el departamento que dirige Rafael Blasco no dará "el visto bueno" al pacto alcanzado entre la promotora del Atrium y el Ayuntamiento. "Si no se modifica, tal y como está planteado, Blasco lo tumbará", dijo ese portavoz. La consejería insiste en que cualquier pacto pasa "por cumplir la legalidad urbanística". "Es decir, la propuesta del Plan de Reforma Interior tiene que ajustarse, en cuanto a la volumetría se refiere, a lo recogido en el Plan General de Odenación Urbana", precisó el portavoz. Este interlocutor de Territorio y Vivienda declinó cuantificar el número de plantas que se han de derribar para cumplir la legalidad, "aunque la propuesta que recoge el convenio es insuficiente"

El gobierno municipal de La Vila Joiosa dijo ayer, a través de un comunicado, que se seguirá cumpliendo con la legalidad y "acatando las directrices marcadas por Territorio". Mientras, la promotora del Atrium, también a través de una nota oficial, insistió en que la actual normativa urbanística permite "legalizar las obras sin la posibilidad de tener que demoler parcialmente el edificio".