Los primeros análisis apuntan a que el incendio del Windsor fue fortuito

Los miembros de la Policía Científica que examinaron los restos calcinados de la torre Windsor, incendiado el pasado 12 de febrero, informaron a la anterior juez del caso, Josefina Molina, que todos los indicios apuntaban a que no había intencionalidad y que el incendio se había producido "por causas fortuitas". Tras analizar el edificio hasta la planta 21, los agentes policiales fueron citados por la juez en su despacho para que le informasen de lo que habían visto y le avanzasen algunas conclusiones con vistas a concretar las líneas de investigación del caso.

Según fuentes cercanas al caso, los agentes "informaron verbalmente" a Molina de que no habían hallado nada anómalo ni sustancias acelerantes de combustión y que, en principio, su idea era que la causa podía ser totalmente fortuita. No descartaron, por ejemplo, que se tratase de un cortocircuito.

La investigación del incendio que devoró la noche del pasado 12 de febrero el edificio Windsor ha entrado ya en una nueva fase tras haber tomado posesión del juzgado otro magistrado, Mariano Ascandoni Lobato. El Consejo del Poder Judicial lo ha nombrado en comisión de servicio hasta que tome posesión oficial del cargo. Según los citados medios, el juez está a la espera de que le lleguen los primeros informes oficiales periciales del siniestro y a partir de ahí empezará a tomar declaración a todos los cuerpos -bomberos, policía, etcétera- que han intervenido en la extinción e investigación del caso. La idea es leer los informes periciales y a partir de ahí, si hay contradicciones, tratar de aclararlas con las partes.

Los dueños de la mayoría de las plantas de la Torre Windsor han pedido al juzgado que permita a sus peritos inspeccionar de nuevo el edificio, sometido en la actualidad a complejas obras de desmontaje ante el riesgo de desprendimientos. Los dueños de la torre, la familia Reyzábal, que se ha personado en la causa judicial como afectada, quieren volver a entrar en el edificio porque están convencidos de que el mismo fue provocado.

Antes de que la juez permitiera al Ayuntamiento de Madrid iniciar las tareas de desmontaje del edificio, la anterior magistrada permitió a los peritos de la familia Reyzábal acceder al edificio, sin limitación de tiempo, aunque sí de espacio. Es decir, no podían subir más de la cuarta planta, ya que los bomberos y demás expertos habían dicho que a partir de esa planta era muy peligroso. Los peritos analizaron hasta la cuarta planta, pero ahora entienden que no es suficiente y por eso han pedido al juez que vuelva a parar las obras para que puedan subir más arriba. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia se va a oponer a esa petición.

La policía científica, que sí exploró el edificio calcinado hasta la planta 21, ha pedido al juzgado que a medida que se vaya desmontando el edificio se le permita analizar con más detenimiento los materiales que se vayan extrayendo de la torre.

El juzgado no ha tomando aún declaración a nadie. Dispone de los atestados iniciales confeccionados por los cuerpos que intervinieron en la extinción del incendio y de las declaraciones prestadas ante la policía por los vigilantes de seguridad. Los interrogatorios se llevarán a cabo a partir de la recepción de los primeros informes oficiales.