El proceso más largo

"¿Y quiénes son esas personas vestidas de negro?" La pregunta la formuló Josefa Polo, de casi 85 años y enferma de Alzeimer, y se la dirigió a la médico forense que, a petición del tribunal, la examinaba para ver si estaba en condiciones de declarar. Polo, junto a otras tres personas, se sentó en el banquillo acusada de la megaestafa inmobiliaria del caso Promocisa.

Este escándalo, cuyo juicio ha quedado visto para sentencia esta semana, ha batido varios récord. Es el proceso judicial con más damnificados (unos 2.000) que más ha durado en la reciente historia de España: la vista oral, el juicio en sí, ha durado 10 meses (empezó en mayo del año pasado); y desde que un juez se hizo cargo del asunto y hasta que se ha celebrado el juicio han pasado 25 años. Y el proceso aún no ha terminado, puesto que falta que se dicte la sentencia. Y, tanto si es o no condenatoria, lo previsible es que haya recursos ante el Supremo.

Para la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid no ha sido fácil localizar, después de tantos años, a los afectados. En este largo camino han muerto damnificados e incluso un acusado. Y aunque eran 2.000 las personas estafadas, sólo han testificado ante el tribunal 738. Son o eran personas, muchas parejas a punto de casarse, que en la época del desarrollismo español (finales de los sesenta y comienzos de los setenta) invirtieron sus ahorros (entre 1 y 3 millones de pesetas de las de entonces) en la compra de un piso en el extrarradio de Madrid. Dieron el dinero a la otrora afamada inmobiliara Promocisa sin pensar que ésta podía irse a la quiebra.

Pasados 30 años del inicio de la estafa, el fiscal del caso, Pedro Martínez, ha decidido mantener las acusaciones, aunque ha rebajado las penas. Entiende que ha habido "dilaciones indebidas" y ha reducido a un máximo de tres los siete años de cárcel que inicialmente pedía para algunos acusados. Para Polo, ateniendo a su enfermedad y edad, pide un año de prisión, que, obviamente, no tendría que cumplir aunque fuese penada. Los otros acusados son Luis Constatino, Luis Béjar y José Arias. Los acusados, junto a otro ya fallecido, se dedicaban a la promoción y construcción de viviendas, locales comerciales y garajes. En 1972 constituyeron Promocisa y a comienzos de 1976 decidieron levantar casi 2.000 casas: las Urbanizaciones parque de La Coruña, en Collado Villalba; parque de Estoril II y III, en Móstoles, y parque de Cataluña, en Torrejón.

Según el escrito definitivo del fiscal, los acusados "de común acuerdo y con idéntico y desmedido ánimo de lucro" ofertaron "en condiciones económicas aparentemente muy ventajosas, la venta de viviendas, garajes, cuartos trasteros y locales comerciales" en los citados muncipios. Proyecto que anunciaron "antes de iniciarse las edificaciones y sin realizar estudios económicos sobre su viabilidad, aun siendo conscientes de que tenían serios problemas de liquidez". Luego, crearon supuestas cuentas especiales para hacer creer a los compradores que recuperarían su dinero si algo fallaba. Pero lo cierto es que, y ellos lo sabían, ninguna de las cuentas "tenía el carácter de especial" a los efectos de lo previsto en la Ley de 27 de Julio de 1.968, que exige que el dinero que se adelante para casas ha de estar avalado y en una cuenta especial y no se puede disponer de él salvo para hacer las viviendas. Pero los acusados dispusieron sin límite del dinero y no lo invirtieron en poner los ladrillos, sino en pagar trampas anteriores.

El también acusado José Arías, director de la Agencia 25 del Banco Central, coadyuvó al engaño, según el fiscal, ya que, como director, conocía que tales cuentas no tenían el carácter de "especiales" y dejó a los directivos de Promocisa disponer "sin ningún tipo de limitación" del dinero. Los acusados actuaron entre 1976 y 1979, aun cuando eran conscientes de que no podían hacer frente a los compromisos asumidos con las familias que les habían adelantado el dinero. Sacaban el dinero del banco pero no hacían las casas, y posponían la fecha de entrega de las mismas. De esta forma, la pelota se hizo cada vez más grande y cerca de 2.000 familias terminaron sin sus ahorros. Al ver que no se hacían las casas, los compradores decidieron en 1980 no pagar más las letras. Llegó el escándalo y Promocisa optó por cederles su patrimonio, sólo terrenos.

El Consejo de Ministros tuvo que intervenir, los afectados crearon una cooperativa y a la postre, en muchos casos, se vieron forzados a pedir dinero a los bancos para poder conseguir una vivienda. Simultáneamente, comenzaron a llover denuncias contra Promocisa. Aunque durante dos años hubo un juez especial para el caso, la causa ha sufrido después innumerables e injustificados retrasos. El fiscal quiere, pese a los años transcurridos, que los damnificados recuperen el máximo dinero posible. De momento, hay propiedades de los acusados localizadas, pero no serán suficientes, si es que hay condena, ni siquiera para pagar los intereses.

Los abogados de los acusados en el caso Promocisa sostienen que la constructora intentó cumplir sus obligaciones hasta el final, pero que fue la inflación galopante lo que les impidió continuar con el proyecto y que por ello entregó todo su patrimonio para resarcir a los afectados.

En sus conclusiones, el fiscal señaló que esta estafa se produce coincidiendo con el desarrollismo de principios de los años sesenta y en un momento de una fuerte inmigración del campo a la ciudad con las consiguientes necesidad de viviendas para muchas familias asalariadas. En este contexto, fueron muchas las empresas constructoras que surgieron atraídas por las expectativas del negocio, y también fueron muchos los fraudes y engaños.

Según el fiscal, los acusados ofertaron las promociones a unos precios muy competitivos en relación calidad/precio, por debajo del precio medio del mercado, lo que hizo que las promociones se vendieran rápidamente.

Los acusados, según el fiscal, dedicaron gran parte de sus ingresos (los que adelantaban los compradores de la casas) para adquirir terrenos buscando un lucro futuro, pero eso disminuyó sus activos, la inflación agravó la situación y les generó serios problemas de liquidez.