El Ayuntamiento portuense aprueba un convenio para desbloquear la gestión de Puerto Sherry
El pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) aprobó ayer, con los votos del equipo de gobierno (PSOE e Independientes Portuenses, IP), la abstención del PP y el voto en contra de Izquierda Unida, un convenio urbanístico que pretende desbloquear la gestión del centro náutico Puerto Sherry, inmerso en un proceso de quiebra desde 1995 y cuya concesión administrativa se encuentra en la actualidad en manos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
El documento compromete a los propietarios de la concesión y al Ayuntamiento. Los primeros, la Sociedad Marina de El Puerto, SA, levantarán la quiebra, abonarán los pagos pendientes a los proveedores (Ayuntamiento, Estado y Autoridad Portuaria), por valor de unos 96 millones de euros, y concluirá la construcción de un hotel destinado a clientes de alto poder adquisitivo, el Racket Club, cuyas obras llevan paralizadas en Puerto Sherry desde hace 11 años.
Marina de El Puerto, SA, tiene, a partir de ahora, un plazo de 90 días para presentar un aval económico por valor de tres millones de euros que garantice el desarrollo de los compromisos asumidos. La sociedad, además, cederá terrenos al Ayuntamiento para la construcción de viales y equipamientos en los accesos al complejo.
A cambio, el Ayuntamiento recalificará suelos en el entorno del complejo marítimo e incrementará la edificabilidad en la finca La China, anexa a Puerto Sherry y propiedad de los concesionarios del centro náutico, que pretenden ponerla en valor con fines inmobiliarios. La China, con una extensión de más 7.000 metros cuadrados, presenta una ubicación privilegiada, en primera línea de costa.
Para el equipo de gobierno, el acuerdo alcanzado, aunque "mejorable" en algunos aspectos, desbloquea la gestión de Puerto Sherry y garantiza el regreso del centro, en la actualidad con 64 trabajadores directos, "a un modelo de gestión normalizado", según explicó el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, de IP.
Este criterio, sin embargo, no es compartido por la oposición. Para el PP, el convenio exime "excesivamente" a los propietarios de las obligaciones de pago. Para Izquierda Unida, el documento desoye "las advertencias y las cautelas" expresadas por los técnicos municipales y el interventor.
