Rajoy asegura que no obstaculizará la tramitación de la reforma constitucional

El Consejo de Ministros aprobará hoy el texto que el Gobierno enviará al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre las cuatro reformas de la Constitución que el Gobierno pretende llevar a cabo en esta legislatura. Las reformas afectan a la denominación de las comunidades autónomas, a la composición y funciones del Senado, a la sucesión de la Monarquía para que las mujeres puedan reinar y al reconocimiento de la Constitución europea.

Con el envío del Gobierno al Consejo de Estado de su documento se inicia el proceso de reforma constitucional anunciado por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en su debate de investidura, en abril del pasado año. El dictamen del Consejo de Estado, que se conocerá en el plazo de un año, "no tendrá fuerza jurídica, pero sí una importante influencia política al responder a un compromiso del presidente", señalan en La Moncloa.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, conversó telefónicamente el miércoles con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para comunicarle que no pone obstáculos a la tramitación de esta reforma, aunque también aclaró que ello no significaba su acuerdo con el documento. Ese mismo día, Rajoy hizo unas declaraciones duras contra el texto, cuyo contenido calificó de "insulto a la inteligencia", y dijo que lo había conocido tras enviárselo el Gobierno al comienzo de la semana.

El reproche de fondo de Rajoy al Gobierno es la "indefinición" del texto sobre las reformas que propone al Consejo de Estado. El texto del Gobierno no se pronuncia sobre las cuatro reformas, sino que pregunta sobre ellas y pide al Consejo de Estado que dictamine sobre las mismas.

Así, sobre la denominación de las comunidades autónomas, el Gobierno pregunta qué artículo o artículos de la Constitución son los más idóneos para llevar a cabo esa mención expresa e individualizada de las comunidades y las ciudades autónomas. También le pregunta por los criterios que considera más idóneos para ordenar su numeración y las eventuales consecuencias jurídicas que de la mención expresa de las comunidades autónomas en la Constitución se pudieran derivar en relación con otros preceptos constitucionales.