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El PP anuncia que denunciará al fiscal general ante el Supremo por prevaricación

Simancas acusa al Partido Popular de atacar a las instituciones para presionar a la justicia

El PP presentará en los próximos días una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, como presunto autor de un delito de prevaricación. Los populares argumentan que la decisión del fiscal general de remitir el expediente sobre presuntas irregularidades urbanísticas en Majadahonda a la Fiscalía Anticorrupción se debe "exclusivamente" a motivos políticos y partidistas, sin que haya ningún delito. La celeridad con la que el fiscal tramitó el expediente constituye para el PP una coincidencia con la necesidad de Zapatero de tapar el caso Maragall-El Carmel.

El secretario de Comunicación del PP, Juan José Güemes, y el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, declararon ayer que la actitud del fiscal general del Estado con respecto a la "falsa" denuncia de la Federación Socialista Madrileña (FSM) sobre Majadahonda se debe a que "el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero" está orquestando una estrategia de acoso político a los madrileños y a sus instituciones. El último episodio de esa actuación, según Güemes, es la "vergonzosa" actuación de Conde-Pumpido al entregar a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de Majadahonda sin que exista delito alguno.

El 25 de febrero pasado, Conde-Pumpido ordenó a la Fiscalía Anticorrupción investigar la denuncia de los concejales socialistas sobre presuntas presiones para la adjudicación a la empresa Afar-4 de dos parcelas municipales en Majadahonda, la RN 1 y la 2D. Los ediles socialistas de Majadahonda Ricardo Núñez y Manolo Fort presentaron la denuncia en la Fiscalía General cuatro días antes de esta decisión. En ella los denunciantes advierten de que el arquitecto municipal modificó un informe técnico sobre calidad de diseño y adecuación ambiental y emitió uno nuevo. De esta forma se beneficiaba a Afar-4.

Güemes considera irregular la decisión de Conde-Pumpido debido a que él mismo manifiesta en su orden a Anticorrupción que no existen delitos ni se acusa a nadie de haber hecho nada ilegal. "Textualmente dice", aclaró Güemes, "que no atribuye directamente a ninguna persona responsabilidad penal. Es decir, no hay delito". Fuentes de la fiscalía precisaron el viernes pasado que la remisión a Anticorrupción no significaba que se fuera a investigar a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ni al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, sino los hechos denunciados.

El PP sostiene que la única explicación a la actuación del fiscal general es que persigue el objetivo de "sembrar dudas sobre la actuación de sus adversarios políticos. La única razón para remitir el escrito a Anticorrupción es que se cita a dos altos cargos del Partido Popular".

Otro de los motivos que les hace dudar de las intenciones del fiscal es la celeridad en la tramitación del expediente. En este aspecto, el responsable popular recuerda que al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le venía muy bien que se remitiera a Anticorrupción la denuncia para "tapar" el caso Maragall-El Carmel.

Granados suscribió lo dicho por Güemes y añadió: "En Majadahonda no ha habido ningún tipo decisión que haya beneficiado o perjudicado a nadie, tampoco se ha producido ninguna transacción económica, y no ha habido ninguna venta de parcelas".

El concurso de enajenación de las dos parcelas en Majadahonda no se llegó a adjudicar a ninguna de las 12 empresas que optaron a su compra debido a la crisis política municipal que se desencadenó. De momento se halla en suspenso, a la espera de los informes técnicos municipales, de los que se desprenderá la forma en que la Corporación municipal pueda declararlo desierto.

Conde-Pumpido, por su parte, justificó el viernes su decisión en "el interés público" que afecta a la enajenación de suelo público destinado a la edificación de viviendas, el volumen económico de la operación y la intervención de una docena de empresas, entre las que se cuentan algunas de las principales del ramo de la construcción. El escrito afirma también que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de tráfico de influencias y un delito de prevaricación.

Investigación

Granados también indicó que "aun sabiendo todo esto", el PP se somete a la Fiscalía Anticorrupción. "Le pedimos que investigue a fondo cuanto antes y con la misma celeridad que ha demostrado al remitir el expediente". El secretario regional advirtió a las personas del PSOE que utilizan las instituciones de "manera torticera, que injurian, calumnian y denuncian de manera falsa" de que no les puede salir gratis.

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, contestó al PP: "Si no tienen nada que ocultar, ¿a qué viene tanta alharaca?¿Por qué se oponen a que el fiscal investigue?". La conclusión para Porta es que el PP tiene mucho que callar. De otra manera, Esperanza Aguirre, en opinión de la socialista, no se sumiría en el "profundo silencio" que mantiene. También recordó a la presidenta de la Comunidad que sus propios compañeros de partido -por las grabaciones de concejales de Majadahonda que han salido a la luz- han señalado que la decisión de parar la venta de las parcelas procedía directamente de ella.

Rafael Simancas, portavoz socialista en la Asamblea, instó a Aguirre y a su Gobierno a dejar de hacer declaraciones altisonantes y de arremeter contra todas las instituciones del Estado de derecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de marzo de 2005