Dos fiscales antagónicos

Con la polémica sobre los nombramientos en plena ebullición, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tendrá que decidir, tras oír mañana al Consejo Fiscal, entre dos aspirantes a la plaza de teniente fiscal del Tribunal Supremo -el número dos de la Fiscalía-, a la que concurren su actual titular, José María Luzón (de 69 años), y el fiscal de Relaciones Institucionales, Juan José Martínez Zato (también de 69 años).

Los candidatos representan trayectorias divergentes, enfrentadas y antagónicas. Luzón, la mano derecha del anterior fiscal general, Jesús Cardenal, fue el ejecutor implacable de sus órdenes más controvertidas. Martínez Zato, el último bastión de la oposición a Cardenal dentro la fiscalía, acabó siendo depurado de su cargo de jefe de la Inspección.

Luzón fue el ejecutor de todas las represalias ordenadas por el anterior fiscal general

A Martínez Zato, número uno del escalafón, le detesta la mayoría conservadora

Sobre el papel, Martínez Zato, número uno del escalafón, con casi 40 años en la carrera fiscal y próximo al PSOE, hubiera sido el candidato indiscutido hasta su jubilación, el próximo diciembre. Pero los conservadores le detestan, y la mayoría con la que cuentan en el Consejo Fiscal apoyará previsiblemente a Luzón.

El mandato de Luzón acaba de concluir, pero ha pedido renovarlo hasta julio para jubilarse como número dos de la fiscalía. Martínez Zato se jubila en diciembre, y de ser postergado ahora o cuando se jubile Luzón, no le quedaría tiempo ni para cambiar de despacho.

Como fiscal jefe de la Sala Penal del Supremo, Luzón mantuvo hacia finales de los noventa una discreta ejecutoria profesional, en la que destacó fugazmente como acusador contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna o contra los implicados en el caso Segundo Marey, que llevó a prisión al ex ministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera, entre otros ex altos cargos socialistas de Interior. Pero lo que le catapultó al firmamento de la carrera fiscal, ya con Cardenal al frente de la fiscalía, fue su cerrada defensa del juez Javier Gómez de Liaño, incluso después de que éste fuese expulsado de la carrera judicial por prevaricación, al abrir en falso un proceso contra el presidente de PRISA, Jesús de Polanco.

Luzón se opuso al procesamiento de Liaño, justificó todas sus actuaciones y le defendió con ahínco en el juicio. Perdió el caso, y su intervención fue criticada en la sentencia del Supremo de octubre de 2001, pero dos meses después era el número dos de la fiscalía, convertido ya en la mano derecha del fiscal del Estado. Con el tiempo, el fiel servidor del polémico Cardenal se convertiría en frío ejecutor de todas las represalias y en mensajero de traslados y relevos de los fiscales opuestos a la línea marcada por su jefe.

Las más polémicas decisiones de Cardenal, siempre en apoyo de los intereses del Gobierno del PP, contaron con el respaldo de Luzón. En abril de 2000 se encargó de ejecutar el traslado forzoso del fiscal del caso Ercros, Bartolomé Vargas, cuando éste se negó a retirar su informe de acusación contra el entonces ministro Josep Piqué. Luzón fue el único entre una treintena de fiscales de la junta general del Supremo que apoyó a Cardenal y el único miembro del Consejo Fiscal que no reprobó formalmente el relevo de Vargas. Enfrente tuvo a Martínez Zato, que, como fiscal inspector, exigió explicaciones.

En diciembre de 2001, Luzón también se opuso a la admisión de la querella contra el entonces ministro Jaume Matas por el caso Formentera (supuesto delito electoral de captación irregular del voto de emigrantes en Argentina en las elecciones autonómicas), incluso contra el criterio de 28 de los 30 fiscales de Baleares, así como a que Matas declarase en 2002 sobre un supuesto espionaje al correo electrónico del PSOE cuando él era presidente autonómico.

En abril de 2000, Luzón informó a favor del indulto del ex juez Liaño, que justificó en un supuesto "clamor popular" a favor de la gracia. Después se comprobó que el "clamor" se contabilizaba en poco más de un millar de adhesiones. Liaño acabó reingresando en la judicatura, de la que había sido expulsado, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló su condena fue un varapalo para Cardenal y Luzón.

A mediados de 2003, el anterior fiscal general volvió a utilizar a Luzón para liquidar de una vez la cada vez más reducida disidencia. Martínez Zato fue forzado a abandonar la Inspección Fiscal y aceptar una nueva Fiscalía de Relaciones Institucionales, vacía de contenido. Mariano Fernández Bermejo, fiscal jefe de Madrid, fue destituido y enviado a la jurisdicción contenciosa.

El voto de Luzón resultó decisivo para inclinar la balanza a favor del relevo del jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, uno de los fiscales de más prestigio entre sus compañeros. Cardenal reservó a su segundo la misión de notificárselo personalmente. Luzón indicó a Villarejo que iría al Tribunal Supremo sin un destino concreto, "a donde le tocase". Jiménez Villarejo renunció a seguir en la carrera.

En la judicatura también guardan recuerdo de Luzón como el fiscal que acusó encarnizadamente a los tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron al narcotraficante Carlos Ruiz, El Negro, basándose en un informe psiquiátrico que advertía de su posible suicidio. Luzón llegó a pedir el procesamiento de los tres jueces nada menos que por "prevaricación dolosa", pero el instructor del Supremo, Julián Sánchez Melgar, cerró el sumario sin apreciar delito. Con buen criterio, puesto que incluso las sanciones de suspensión de funciones impuestas a los tres jueces acaban de ser anuladas ahora por la jurisdicción contenciosa.

Desde mucho antes de su relevo al frente de la Inspección en julio de 2003, Zato ya se sabía en el punto de mira del PP. Cinco años atrás, en 1998, el PSOE ya había denunciado ante la Comisión de Justicia del Congreso que los populares habían "iniciado la caza" de Martínez Zato. La inquina venía de antiguo, de la etapa en que Zato fue director general de Instituciones Penitenciarias con el ministro Fernando Ledesma, y se acrecentó cuando, como portavoz del segundo Consejo del Poder Judicial, denunció "ruido de togas" entre la derecha judicial.

Martínez Zato, un fiscal que reconoce que nunca se calla, había puesto en un brete a Cardenal al denunciar públicamente que éste había intentado expedientar a los portavoces de las dos asociaciones de fiscales por sus continuas críticas a la ministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante. Cardenal ordenó a Zato "poner firmes" a los fiscales, y la divulgación de esta exigencia no contribuyó precisamente a aplacar los ánimos.

Pero ya desde la llegada del PP al poder en 1996 habían comenzado sus dificultades. Ese mismo año, cumpliendo un encargo del entonces fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, Martínez Zato había inspeccionado la fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que encontró graves irregularidades entre el grupo de fiscales conocidos como los indomables. Aquella inspección desembocó en la mayor convulsión registrada en el ministerio fiscal en toda su historia. Entre expedientes y ceses, la situación acabó llevándose por delante al propio fiscal general y al fiscal jefe de la Audiencia, y cercenó la prometedora carrera de tres de los indomables. Pero ni Zato ni toda la cúpula de la carrera, unida por primera vez en contra de un fiscal general, pudieron evitar que Cardenal acabase entregando la fiscalía de la Audiencia al jefe de los sublevados, Eduardo Fungairiño.

Tras la llegada de Luzón a la Fiscalía del Estado, cada actuación de éste en apoyo de Cardenal tuvo su contrapunto en la oposición de Zato. Si Luzón negaba la jurisdicción de España sobre los responsables de las atrocidades de las dictaduras de Chile y Argentina, Zato defendía la postura contraria en la Junta de Fiscales. Antes de su relevo forzoso, Martínez Zato también se enfrentó a Cardenal cuando éste exigió a los integrantes del Consejo Fiscal que no hablasen con diputados de los grupos parlamentarios.

Ahora, la decisión entre Luzón y Zato corresponde al fiscal general Conde-Pumpido, mientras que fuentes fiscales aseguran que el fiscal general se mantiene "impenetrable".