Una trabajadora demanda al IAM por negarle una reducción de jornada acumulada en días

Una trabajadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Isabel Arroyo, ha demandado al organismo ante el juzgado de lo Social número 4 de Málaga por denegarle una reducción de jornada acumulada en días para cuidar de su hija. El IAM alega que el convenio colectivo no permite esa posibilidad, que no responde a las necesidades de organización del trabajo del centro "ni parece que posibilite la atención adecuada y conveniente de la menor". Arroyo coordina el programa Óptima, en el que asesora a empresas para que apliquen acciones para conciliar la vida familiar y laboral.

"Se me vinieron abajo todos los principios por los que he luchado", dice Arroyo

Arroyo, de 43 años, trabaja como personal laboral desde 2000. El pasado 26 de octubre solicitó por escrito acumular en dos días a la semana, lunes y jueves, las tres horas y media diarias que resultarían de una reducción de jornada a la mitad para cuidar de su hija Mencía, de un año. Éstas se quedarían en dos horas efectivas de trabajo diarias, al descontar una hora de lactancia y media hora de desayuno.

La demandante pidió la acumulación por dos causas: por un lado, reside en Málaga, donde fue contratada inicialmente, aunque desde 2001, al centralizarse el IAM, su centro de trabajo está en Sevilla. Desde que su marido sufrió un embolia, hace unos dos años, se desplaza diariamente, y más a raíz del nacimiento de su hija. Aparte del desgaste físico y psicológico que supondría recorrer 400 kilómetros diarios para trabajar dos horas, alega Arroyo, no compensa económicamente, pues calcula en 660 euros al mes el gasto de desplazamiento, mientras que el sueldo resultante de la reducción se quedaría en 900 euros.

La segunda razón es por la propia naturaleza de su trabajo. Como coordinadora del programa Óptima, Arroyo ha de desplazarse hasta la sede de distintas empresas en todas las provincias andaluzas para mantener reuniones, algo imposible de realizar en sólo dos horas.

La trabajadora fundamenta su petición en el convenio colectivo del personal laboral de la Junta, que establece que "la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y cinco horas semanales", y en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores: "La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria". También aporta sentencias que reconocen el derecho del trabajador a concretar el horario, prevaleciendo la atención del menor, y siempre que la petición sea de buena fe y no resulte en extremo perjudicial para el empresario.

Pero el IAM denegó esta petición el 19 de noviembre, alegando que según el convenio, "los conceptos de jornada y horario van indisolublemente ligados", por lo que la reducción ha de aplicarse sobre el horario de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00, sin que se pueda acumular en días. Al reclamar Arroyo, el IAM volvió a denegar su solicitud el 24 de enero, argumentando que la petición de trabajar lunes (de 8.00 a 16.00) y jueves (de 8.00 a 15.30) "ni permite el adecuado ejercicio de su prestación laboral, ni parece que posibilite la atención adecuada y conveniente de la menor, máxime cuando el cuidado de las/os hijas/os ha de ser diario".

"Se me vinieron abajo todos los principios por los que he estado luchando estos años", dice Arroyo, que está de baja por ansiedad desde noviembre. "No somos una administración normal, sino un organismo que se crea para luchar por unos objetivos de las trabajadoras", explica. Entre ellos, el del fomento de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, "para dar oportunidad a que las mujeres con cargas familiares puedan seguir trabajando".

"Debería ser posible llegar a un acuerdo con la empresa, si realmente queremos apostar fuerte por la conciliación de la vida familiar y laboral", opina Antonia Martos, responsable de la secretaría de la mujer de CC OO-Andalucía. "Un organismo como éste debería dar ejemplo", añade. La directora del IAM, Soledad Ruiz, se limitó a decir que Arroyo "está en su legítimo derecho de recurrir a los tribunales para luchar por la concreción horaria que, según interpreta, le corresponde".