El Colegio de Abogados denuncia al responsable de extranjería de Irún

El Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha presentado una denuncia contra el responsable del Grupo de Extranjeros del Cuerpo Nacional de Policía en Irún, Abel Pizarro, así como contra "cualquier otro funcionario que pudiera ser responsable", por presunta prevaricación y vulneración de derechos fundamentales de al menos cuatro inmigrantes, cuya expulsión de España resolvió la policía sin notificarlo a tiempo a sus respectivos letrados, como establece la ley.

La denuncia, interpuesta ante el Juzgado de Guardia de Irún por el coordinador del Turno de Extranjería del Colegio, Iñaki Almandoz, sostiene que la comisaría de la localidad fronteriza "está expulsando a ciudadanos extranjeros, con vulneración de derechos fundamentales, desde noviembre de 2004".

El escrito explica que la comisaría abre "prácticamente a diario" expedientes de expulsión a inmigrantes en situación irregular. A la incoación de ese procedimiento suele asistir un letrado del Turno de Extranjería. El inmigrante firma un poder por el que otorga la representación a su abogado para que le pueda asistir y representar en la tramitación del expediente. El letrado se encarga de los trámites pertinentes y en el marco de esta labor debe recibir la resolución de la Subdelegación del Gobierno acordando la expulsión. Esa notificación compete a la comisaría que instruye inicialmente el expediente, en este caso la de Irún.

La denuncia precisa que, "en al menos cuatro casos ocurridos en las últimas semanas de 2004, la comisaría de Irún ha omitido deliberadamente la notificación de la resolución de expulsión al letrado". De esta manera, continúa, "ha impedido la posibilidad de que se presente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián un recurso solicitando, como medida cautelar, la suspensión de la expulsión".

Dos de los cuatro afectados son ciudadanos marroquíes a los que se abrió expediente de expulsión en agosto. En noviembre, la policía les detuvo y repatrió sin notificación previa a su abogado, al que sí le comunicaron los hechos cuando sus representados ya estaban repatriados.

La tercera perjudicada es la boliviana Gabriela Queteguari, arrestada y expulsada también en noviembre sin comunicárselo a su letrado. En este caso, y tras el recurso presentado por Almandoz, una juez de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián dictó la pasada semana un auto en el que ordena al Estado que la devuelva al mismo punto en que fue detenida. Con esta medida cautelar, la juez pretende evitar que la mujer se vea afectada en su deseo de regularizar su situación en España.

Por último, una ciudadana brasileña estuvo a punto de ser repatriada en similares circunstancias, aunque una casualidad hizo que su letrado pudiese intervenir y evitar la expulsión.

El Colegio de Abogados guipuzcoano estima que la forma de actuar del agente denunciado "infringe, con perjuicios en algunos casos irreparables, preceptos constitucionales de inexcusable observancia para un funcionario público". Cita los artículos 17 y 24 de la Constitución, que establecen el derecho de toda persona a la seguridad y libertad y a la tutela de los jueces y tribunales.

Almandoz asegura en una entrevista con EL PAÍS que tienen constancia de otros tres casos similares ocurridos en San Sebastián que también tienen intención de denunciar.