Las solicitudes de regularización en Jaén apenas suponen el 8,5% de todas las consultas

El proceso de regularización de inmigrantes que el Gobierno de la nación abrió el pasado día 7 está teniendo una acogida muy desigual en Andalucía. Llama la atención el bajo número de solicitudes presentadas en algunas zonas, como Cádiz o Jaén. En esta última provincia, las solicitudes de regularización hasta el pasado miércoles, 168, no llegan ni al 10% de todas las consultas realizadas en la Oficina de Extranjería por trabajadores interesados en normalizar su situación. Los sindicatos achacaron esta situación a la dificultad para acreditar el arraigo y a la "escasa conciencia" de los empresarios.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Jaén, hasta el pasado miércoles se habían admitido a trámite en esta provincia 168 solicitudes de regularización, frente a las 1.968 solicitudes de información que se habían registrado en la Oficina de Extranjería. Estos datos significan que sólo el 8,5% de los inmigrantes interesados en normalizar su estancia en España han podido hasta ahora tramitar su documentación. Y eso en una provincia que acoge cada campaña unos 8.000 inmigrantes para trabajar en la recolección de la aceituna.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en Andalucía (Atime), Kamal Rahmouni, ha reconocido que estos datos "no reflejan la realidad de la comunidad marroquí". A su juicio, el certificado de empadronamiento (que debe acreditar su estancia en España antes del pasado mes de agosto) es el principal impedimento con el que se encuentran sus compatriotas.

También la organización sindical CGT-Jaén calificó ayer de "fracaso absoluto" el proceso de regularización y advirtió de que movilizará a los trabajadores extranjeros si no se modifican los criterios de acceso al proceso. Para este sindicato, el requisito de empadronamiento por seis meses "está dejando fuera del proceso a muchos inmigrantes que podrían demostrar su estancia en España por otras vías oficiales como ingresos en hospitales públicos, nóminas o expedientes de expulsión". CGT criticó que estos requisitos confíen en "la buena voluntad del empresario", lo que estaría motivando "la especulación empresarial a través de la venta de contratos fraudulentos a los trabajadores inmigrantes" circunstancia que ya ha propiciado diversas denuncias.

Juan Carlos Galiano, responsable de Migraciones de CC OO, ha culpado de esta situación a la "escasa conciencia de los empresarios", que son los que tienen la obligación de presentar la documentación del trabajador al que tienen que legalizar. A su juicio, la exigencia de un contrato mínimo de tres meses para el sector agrario es una "excusa" de los empresarios para rechazar la regularización. "En otras provincias también está ese requisito y hay muchos más expedientes", indicó Galiano.

El secretario de Migraciones de UGT-A, Khalid Zaidi, dijo ayer que "algunos empresarios se comprometieron a hacerles un contrato al inicio del proceso pero, llegado el momento, los han echado a la calle", y añadió que no comprende la medida anunciada por el Gobierno de llevar a cabo 500.000 inspecciones en los lugares de trabajo a partir de mayo ya que, según apuntó, "se podía haber hecho mucho antes".

Andalucía es hasta el momento la cuarta comunidad, tras Madrid, Cataluña y Valencia, en número de solicitudes de regularización presentadas, con 4.391 admitidas a trámite hasta el pasado miércoles, sobre un total de 5.526 presentadas, según los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, señaló ayer que el proceso de regularización se está cumpliendo con normalidad y destacó que "es mínimo" el número de peticiones que no se están resolviendo, informa Europa Press. En concreto, Naranjo situó "en torno al 2%" las solicitudes que están pendientes del certificado de empadronamiento y de penales. Las provincias con mayor número de expedientes presentados hasta el pasado martes eran Almería (1.369), Málaga (768), Sevilla (470) y Huelva (417). Las que menos son Cádiz (171) y Jaén (168). El 20,1% de las solicitudes presentadas se refieren al servicio doméstico.