Líneas celulares en el limbo legal

Carlos Simón celebró ayer con "una alegría inmensa" la autorización de Sanidad para derivar líneas celulares de embriones humanos congelados. El permiso abre las puertas al desarrollo de células indiferenciadas y a contar con una reserva ilimitada de células madre que podrán ponerse a disposición de otros investigadores para ser transformadas en cualquier tejido.

Sin embargo, este banco celular ya existe. Simón y sus compañeros de la Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) presentaron en julio del año pasado las líneas celulares, VAL-1 y VAL-2, las primeras obtenidas en España, y la investigación se publicó en enero en Fertility and Sterility. El proyecto esquivó las autorizaciones estatales preceptivas, pese a contar con todo el apoyo de la Generalitat valenciana, del PP, por lo que el Gobierno siempre lo consideró al margen de la ley.

El informe favorable de ayer no supondrá el indulto a este comportamiento ni la legalización de VAL-1 y VAL-2, según fuentes de Sanidad, por lo que han quedado confinadas a un extraño limbo legal. "No vamos a pedir que se destruyan, pero no cumplen la norma y sin ella no podrán obtener autorizaciones oficiales para usarse en España", apuntaron las mismas fuentes, que subrayaron que el informe de ayer "no tiene efectos retroactivos".

Simón dejó de derivar nuevas líneas, pero mantuvo en cultivo las dos que se desarrollaron. De ellas ya se han obtenido cardiomiocitos -células cardíacas, las primeras en diferenciarse- y el objetivo era usarlos en modelos animales.

Ahora, con el permiso en la mano, desarrollará nuevas líneas en el Centro Superior de Alta Tecnología de Valencia, un centro cofinanciado por el ministerio, al que se desplazará en breve.

Sanidad ha denegado otro ensayo presentado por Simón para desarrollar células madre de embriones con enfermedades genéticas, fundamentalmente neuromusculares. El objetivo era obtener tejido muscular con esta alteración para trabajar con él como modelo de ensayo de fármacos. El rechazo responde a un problema formal, según el ministerio, ya que no se han remitido los consentimientos informados de los progenitores de los embriones.