Blair y el terrorismo

El Gobierno laborista británico pretende tener lista el 14 de marzo una nueva ley de prevención del terrorismo, firmemente contestada por la oposición, que aumenta sus poderes en perjuicio de los jueces. Ese día expira la normativa excepcional, aprobada con posterioridad al 11-S, que permite en el Reino Unido la detención indefinida sin juicio ni acusación para extranjeros sospechosos, normativa declarada ilegal y discriminatoria por la Cámara de los Lores el pasado diciembre. El nuevo texto, que se aplicará también a los ciudadanos británicos, otorga al ministro del Interior, a través de las denominadas "órdenes de control", amplios poderes contra sospechosos de terrorismo sin pruebas suficientes para su procesamiento o cuya divulgación comprometa a los servicios secretos.

El primer ministro, Tony Blair, dijo ayer en el Parlamento que la seguridad nacional está por encima de los derechos civiles, por importantes que éstos sean. Justificaba así que su ministro del Interior, sin concurso de los jueces, pueda restringir los derechos de asociación de determinados sospechosos, sus movimientos dentro y fuera del país, su lugar de trabajo o residencia, prohibir su contacto con personas concretas o imponer su seguimiento electrónico. El Gobierno, forzado por la revuelta combinada de conservadores y liberales, ha abandonado por el momento su pretensión de arresto domiciliario indefinido. Y ha concedido que cualquier "orden de control" sea revisada por un juez en el plazo de una semana.

Reino Unido, un paradigmático Estado de derecho, ha seguido desde los acontecimientos del 11-S una deriva restrictiva de las libertades, basada en la percepción gubernamental, enfatizada ayer por Blair, de que la seguridad del país está gravemente amenazada por el terrorismo internacional. Aunque así fuera, la ley sienta el peligrosísimo principio de que las restricciones a derechos básicos ciudadanos sean impuestas en una democracia por un político, no por un juez, pese a su revisión posterior.

En sus prisas por sacar adelante el proyecto, el ministro del Interior argumenta que si no pasa a tiempo el escrutinio parlamentario deberá prorrogarse la ilegal legislación anterior. El Gobierno tiene el control de los Comunes, donde el lunes próximo acaba el debate, pero le será más difícil hacerlo pasar por la Cámara de los Lores, en la que necesita el apoyo conservador. Es un argumento más para que el primer ministro acepte la oferta opositora de prolongar brevemente las leyes de emergencia y permitir un debate en profundidad de un texto demasiado importante para que atraviese el Parlamento británico como un ciclón.