El Defensor del Pueblo reclama que se facilite el acceso a la vivienda a los inmigrantes en Granada

El informe del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, sobre la inmigración en Granada, fue hecho público ayer. Chamizo hace una petición expresa a las administraciones para que mejoren la situación de carestía que sufre la vivienda y que afecta particularmente a los inmigrantes de la provincia. El Defensor, en un informe de más de 200 páginas, también exige una inmediata mejora de las instalaciones del Puerto de Motril para la atención a los inmigrantes que llegan en pateras.

Según el informe, al finalizar 2004 había censados en la provincia de Granada 24.269 inmigrantes. A ellos habría que añadir otros 6.000 no empadronados que, según diferentes cálculos, habitan principalmente en la capital.

De los 168 municipios existentes, en 120 no existe una población destacada de inmigrantes, aunque en 13 el porcentaje es significativo. En la capital, el 4% de los empadronados son extranjeros. En Almuñécar, el 16,16%, y en Motril, el 6,2%. Destaca también el alto porcentaje de inmigrantes censados en Salobreña, y Huétor Tájar.

En esta lista no se encuentra el pueblo de Zafarraya, donde un gran número de inmigrantes trabaja en la agricultura en situación irregular y sin censar. Precisamente, dentro del sector agrícola destaca la presencia de extranjeros en localidades costeras del poniente, como Polopos, con un 23% de inmigrantes y Gualchos, con un 22,3%. Y es también aqui, en la zona oriental de la Costa Tropical, donde se reproduce en mayor proporción el problema principal de la inmigración en Granada, el de la vivienda.

El informe de Chamizo destaca que la Junta de Andalucía no haya desarrollado en la provincia de Granada el anunciado Programa de Viviendas para Trabajadores Temporeros, con la excepción del albergue de Zafarraya. Así, los trabajadores inmigrantes tienen que seguir viviendo en esta provincia "hacinados en viviendas e infraviviendas".

El informe exige a las administraciones, además de una solución para el problema de la vivienda, una flexibilización en los requisitos y plazos del actual proceso de regularización; la extensión a las familias extranjeras no comunitarias del Programa de Solidaridad de la Junta; el desarrollo de programas específicos para garantizar una integración educativa de los 3.500 alumnos inmigrantes de los colegios e institutos granadinos; y establecer programas específicos municipales en aquellas localidades con mayor presencia de extranjeros.

La primera patera llegó a Granada en marzo de 2001. El 16 de noviembre de 2004 ya eran 2.283 personas las interceptadas sólo ese año. A finales de diciembre entró el servicio el programa SIVE de vigilancia marítima mediante rádares y cámaras. La llegada de inmigrantes se ha reducido en las primeras semanas de 2005.