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Sindicatos y patronal plantean que el Estatuto reconozca su participación en órganos de la Junta

Los agentes sociales apoyan unidos que la reforma profundice en el autogobierno

Alejandro Bolaños

Los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) y la patronal (CEA) hicieron pública ayer una "declaración conjunta ante el proceso de reforma del Estatuto de Andalucía". Los agentes sociales unificaron así sus muchos puntos en común sobre el tema, coincidencia que ya quedó clara en la comparecencia de sus máximos responsables ante la comisión parlamentaria creada para la reforma. En su propuesta, sindicatos y patronal reiteran que el Estatuto debe incorporar un "reconocimiento explícito" a su función. Y que, como norma básica, incluya "la necesidad de regular mediante ley la participación institucional de las organizaciones más representativas en la comunidad autónoma".

Santiago Herrero (CEA), Manuel Pastrana (UGT) y Francisco Carbonero (CC OO) leyeron ante los medios de comunicación la propuesta que habían aprobado a media mañana en la sede de la patronal en Sevilla. Pastrana precisó que la declaración conjunta se iba a enviar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, y los cuatro grupos parlamentarios.

La propuesta de que el Estatuto exija la creación de una ley para regular la participación de los agentes sociales es el planteamiento más concreto de la declaración. En los últimos años, los sucesivos acuerdos de concertación con la Junta -instrumento para el que los agentes sociales piden también un reconocimiento estatutario-, han llevado a que sindicatos y patronal, además de codiseñar la política económica autonómica, estén representados en numerosos organismos autonómicos. CC OO, UGT y CEA quieren ahora que esa representación se sistematice por ley.

Los agentes sociales, en su declaración conjunta, apoyan "actualizar" el Estatuto y "profundizar en el autogobierno y la descentralización del Estado con el propósito de alcanzar el máximo nivel competencial". Pero, a continuación, ponen límites a ese proceso: "siempre bajo los principios de igualdad, cohesión y solidaridad". A juicio de CC OO, UGT y CEA, las reformas estatutarias deben garantizar "la unidad de mercado" en España. Con relación a las políticas de protección social "se ha de respetar la caja única de la Seguridad Social y que la configuración del modelo para el acceso a las prestaciones sea un elemento básico del Estado". Por último, los agentes sociales creen que el "sistema de financiación autonómico debe ser justo y solidario, basado en los principios constitucionales de suficiencia, autonomía financiera, solidaridad y reequilibrio territorial, y fruto del consenso y acuerdo del conjunto de las comunidades autónomas.

"Para nosotros los límites básicos son esas cuestiones y están muy claros, quien se quiera salir de ellos, que lo explique", dijo el presidente de la CEA, cuando se le inquirió por su opinión sobre si la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña vulnera esos límites.

Deuda histórica

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La declaración elude alguno de los asuntos en los que sindicatos y patronal mostraron claras divergencias (como lo relativo al papel de la economía social) y tampoco incluye mención alguna a la deuda histórica, una cuestión que, como ya expresaron en comisión parlamentaria, los agentes sociales consideran que la Junta y el Gobierno deben resolver antes de las reformas estatutarias.

Sindicatos y patronal añaden que la reforma del Estatuto andaluz "debe recoger competencias y medidas que potencien la innovación tecnológica", con el objetivo de "mejorar la productividad y la competitividad, propiciando así un modelo de empresa andaluza socialmente comprometida".

En lo relativo a la gestión de las cuencas hidrográficas y la construcción de infraestructuras, los agentes sociales piden que se establezcan "competencias que permitan a nuestra comunidad autónoma una mayor capacidad de decisión y actuación para poder superar los desequilibrios existentes con otros territorios del Estado y dentro del propio territorio andaluz".

La declaración conjunta también incide en que el Estatuto "debe contemplar la mejora de de los factores institucionales en cuanto a la necesaria modernización de la Administración General de la Junta de Andalucía mediante el desarrollo de la administración electrónica". Sobre la carta social que exigían los sindicatos, la declaración indica que el Estatuto "debe convertirse en el marco de referencia de un modelo social que permita avanzar en el reconocimiento de los derechos sociales", lo que incluye la necesidad de "facilitar capacidad y medios para poder atender la integración social y laboral" de los inmigrantes.

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