El Tribunal de Cuentas abre un proceso a Rodríguez de Castro por gastar "irregularmente"

La sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado ha incoado un procedimiento contable por presunta responsabilidad en varios delitos contables y financieros contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, a quien la Abogacía del Estado y la Fiscalía para el Tribunal de Cuentas exigen que devuelva los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito que no justificó durante su gestión al frente del recinto fiscal, dependiente del Ministerio de Hacienda y que preside la alcadesa de Cádiz, Teófila Martínez.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, confirmó ayer esta causa procesal tras presentar oficialmente el informe sobre "las irregularidades" en la gestión de Rodríguez de Castro en su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado que se celebró en la cámara alta.

Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca.

El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas, cuando la Ley de Altos Cargos del Estado le limitaba en este ejercicio.

Ubaldo Nieto ratificó ayer todas las denuncias que desveló EL PAÍS en 2000. El presidente del Tribunal de Cuentas detalló que el dirigente cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo detalla que dispuso con esas tarjetas de 37.200 euros en metálico para "compras que parecen tener un carácter particular" y para "viajes de personas no identificadas".

Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes". Este dirigente contrató además con empresas privadas ajenas a la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".

Además, pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y a viajes a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces. El Estado pagó además 318.000 euros para el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal, "estaba expresamente excluido el delegado".

Asimismo, el ex delegado asumió poderes excesivos que utilizó para contratar obras sin someterlas al control del Comité Ejecutivo de la Zona Franca. El Tribunal de Cuentas advierte además de que la contratación de las diversas campañas publicitarias en medios de comunicación realizadas por el Consorcio no se formalizó por escrito. E informe concluye con varias recomendaciones dirigidas a "reforzar" los sistemas de control internos "para evitar la reiteración de las irregularidades detectadas" y a "revisar" las competencias del delegado de la Zona Franca en la contratación obras, publicidad y trabajos externos.