El referéndum de Zapatero

La del domingo será la cuarta consulta popular en España y el punto de partida de una nueva etapa en Europa. Los datos de participación preocupan, y mucho, como ya ocurrió en las elecciones europeas, cuando los países miembros volvieron la vista hacia sí mismos preguntándose por qué los ciudadanos acogían con tanta frialdad la elección de sus representantes en Estrasburgo. Entonces, al menos, las formaciones tenían un objetivo claro por el que pelear: conseguir escaños en Europa.

La campaña ha estado marcada por la falta de una postura de unidad en un tema de tanta trascendencia -cinco partidos han optado por el sí (PP, PSOE, CiU, PNV y CC) y cinco por el no (IU, ERC, BNG, EA y CHA)-, por la decisión de los socios del Gobierno (IU, ERC) de propugnar el rechazo a la Constitución europea, y por el empecinamiento del principal partido de la oposición en convertir la consulta en un problema que atañe casi exclusivamente al Ejecutivo.

Los socialistas acusan a los populares de pedir el 'sí' con la boca pequeña

Cinco partidos apoyan el voto a favor y otros cinco han pedido a sus electores el 'no'

Las previsiones de participación que manejan las formaciones políticas para mañana no son muy optimistas. En cualquier caso, no se ha visto ni pasión a favor ni crispación en contra de lo que se somete a votación. El asunto ha quedado casi como una batalla del Gobierno y del PSOE por movilizar el máximo número de votos.

Rompió la monotonía de la campaña la presencia de algunos invitados de lujo. El presidente francés, Jacques Chirac, acompañó a Zapatero en un acto en favor del Tratado Constitucional en Barcelona; luego el presidente pudo compartir atril con el canciller alemán, Gerhard Schröder, en Zaragoza.

Un dato significativo, que puede jugar en contra de la afluencia de votantes, lo arrojaba el último barómetro del CIS publicado el pasado día 10 -con entrevistas efectuadas entre el 19 y 24 de enero-: El 90,9% de los encuestados reconocía que su grado de conocimiento de la Ley Fundamental era "bajo, muy bajo o nulo". Lo cierto es que una campaña descafeinada y sin excesiva tensión, como la que han protagonizado las distintas formaciones políticas, tampoco ayudará mucho a movilizar a los ciudadanos hacia las urnas.

La culpa de esta situación será, según el PP, del Gobierno, y si la participación resulta inferior a la de las europeas (45%), los populares lo considerarán un fracaso del Ejecutivo. El secretario general del PP, Ángel Acebes, elevó el nivel de lo que se podría considerar fracaso a una cifra inferior al 60%, esgrimiendo un escrito oficial firmado por el secretario de Estado para Europa, Alberto Navarro, en que éste cifraba en ese porcentaje la participación mínima deseable.

El principal partido de la oposición también deberá asumir su parte de responsabilidad porque un número importante de sus mensajes públicos se han centrado más en la crítica hacia Zapatero que en el ensalzamiento de los valores del Tratado o en tejer un conjunto de razones para argumentar su campaña por el sí.

Como muestra, las proclamas lanzadas el mismo jueves por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, en su penúltimo mitin de campaña, en Valladolid: "Sé lo que estáis pensando. Si esto es un desastre, si se meten con nosotros, si está poniendo a España en peligro, si nos paran las carreteras... ¿por qué le vamos a ayudar? Pero el domingo hay que votar sí". Es decir, bastante cal y poca arena.

El intercambio de acusaciones entre populares y socialistas ha sido constante durante los últimos 15 días. El PSOE arremete contra el PP con el argumento de que sus líderes han pedido el voto con la boca pequeña. Los populares reprochan al Gobierno no haber sido capaz de convencer a sus socios de que abandonaran el rechazo a la Constitución. A las voces críticas con la actitud del PP también se sumaron los líderes del PNV, Josu Jon Imaz, y el de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.

El argumentario popular ha estado centrado fundamentalmente en denunciar la precipitación de Zapatero a la hora de convocar la consulta, en personificar en él un posible fracaso y en ensalzar más la etapa de Gobierno de José María Aznar, más que en destacar el futuro de una Europa bajo el paraguas de una Constitución común: "El PP defiende un espacio de libertad, seguridad y justicia que tiene la huella del PP, porque fuimos quienes lo impulsamos, así como un modelo económico que nosotros aplicamos cuando gobernamos, y una carta de derechos fundamentales basados en los derechos humanos y en la dignidad de la persona como centro de la acción política", aseguran.

Desde las filas populares también se ha destacado que el presidente Zapatero recibió un texto [constitucional] elaborado casi al 100%, cuyo artífice ha sido José María Aznar. En su opinión, lo único que ha hecho el PSOE ha sido ceder el poder que había cosechado España en el cumbre de Niza, "por el que luchó Aznar en su segunda legislatura".

Entre los partidos nacionalistas se han dividido las razones entre los que consideran que la Carta europea no recoge sus reivindicaciones y su identidad y los que opinan que es una oportunidad para alcanzar sus objetivos en un futuro. Es significativa la postura del PNV, que ha repetido por activa y por pasiva que el plan Ibarretxe tiene cabida en la Constitución. Algo que ha negado con la misma intensidad el PP.

En España se han celebrado tres referendos. El primero de ellos, en 1976, en el que se decidía sobre el proyecto de reforma política. Con un censo de 22. 644. 290 personas con derecho a voto, se alcanzó el 77,72% de participación. Dos años más tarde, en diciembre de 1978, se consultaba a los españoles sobre la Constitución. Entonces, los españoles con derecho a voto eran 26.632.180. La participación alcanzó el 67,11%. Hace 19 años a los españoles se les preguntó sobre el ingreso en la OTAN. Pudieron opinar a través de su voto 29.024.49 personas, pero sólo lo hizo el 59,42% de la población. El domingo están llamados a decidir 34.687.888 españoles y la participación es una incógnita, pero pocos apuestan a que será superior a la de los comicios europeos.

El proceso por el que pasa ahora España será repetido en el resto de los Estados miembros, pero cada uno de ellos tiene la potestad de decidir qué proceso considera más adecuado para la ratificación. La mayoría optará por dejarlo en consideración del Parlamento, otros consultarán a la población y unos pocos optarán por los dos sistemas.