Un proyecto "ajustadillo"
"Es un proyecto ajustadillo". Esta fue la expresión empleada por Eduardo Alonso, catedrático de la Escuela de Caminos, de la UPC, uno de los técnicos independientes a los que el Gobierno catalán pidió asesoramiento sobre las medidas a tomar tras el hundimiento del túnel del metro en el Carmel. Quería decir que se había hecho en el límite de la seguridad. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, se tomó la afirmación totalmente en serio y ordenó, ese mismo día, parar las obras, revisar el proyecto y reforzar lo ya construido.
Pero la advertencia venía ya de antes. La empresa pública de la Generalitat, GISA, de quien dependen las obras, había detectado una notable desviación del coste de las mismas, siempre al alza, y había incluido en sus presupuestos de este año un incremento situado en torno al 35%, fundamentalmente para refuerzo. En algunos casos, por ejemplo, al final del túnel ahora sellado, estos refuerzos ya se había instalado.
No obstante, el acta de obras de 12 de diciembre de 2004 recoge una petición de la dirección de obra para instalar testigos en el túnel de maniobras. Esta observación no fue luego reproducida en el informe semanal que la dirección remite a GISA. De ahí que las empresas señalen que hay constancia escrita de los problemas y que GISA pueda sostener que no tuvo conocimiento de los hechos. Nadal pidió ayer a las empresas que cejen en el cruce de acusaciones y se concentren en los trabajos de refuerzos.
"La dirección de GISA", precisó su presidente, Ramon Serra, "nunca ha escatimado dinero en estas obras y no ha rechazado instalar refuerzos cuando se le ha pedido".
La empresa Payma matizó ayer las declaraciones del Gobierno catalán y explicó que nunca "ha tenido relación contractual con GISA en los ámbitos" de la ampliación de estas líneas y que su "única relación con la citada obra consiste en la realización de ensayos de materiales a cargo de la unión temporal de empresas" adjudicataria de la misma.
