Viejo continente necesita mano de obra joven

El 11 de enero, la Comisión Europea explicó que Europa necesita cubrir con inmigrantes cientos de miles de puestos de trabajo debido al envejecimiento de la población. Sólo en Francia, pese a tener dos millones de parados, el año pasado se quedaron sin cubrir 240.000 empleos por falta de electricistas, técnicos, albañiles o expertos en informática. A su vez, más de medio millón de personas entran cada año ilegalmente en una Unión en la que ya no existen fronteras interiores. El control conjunto de las mismas es ya un objetivo común pero, como todo lo referente a la libertad, la seguridad y la justicia, afecta de lleno a la vida diaria del ciudadano y al corazón de la soberanía de los Estados. La Constitución europea amplía en ese terreno el campo de acción de la UE.

Los atentados del 11-S en Estados Unidos y del 11-M en Madrid han hecho que la exigencia de un mayor nivel de seguridad en la UE sin fronteras se haya convertido en la prioridad de las prioridades para los europeos, como lo reflejan continuamente los Eurobarómetros. De nuevo, lo que está en juego es el equilibrio entre libertad y seguridad.

LA SITUACIÓN

Desde 1992, los sucesivos Tratados de la UE han introducido avances en la cooperación en esta área. En los últimos diez años, más de 400 presuntos terroristas han sido entregados a España desde otros países de la Unión. La euroorden supuso hace tres años un paso clave en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y la Unión tiene ya normas comunes para enfrentarse a la inmigración clandestina, integrar a los trabajadores de otras zonas del mundo, conceder el derecho de asilo o firmar acuerdos de readmisión con países de procedencia. Sin embargo, casi todas las leyes europeas en este campo deben aprobarse por unanimidad, con derecho a veto, porque cada país quiere evitar imposiciones contrarias a sus normas, costumbres e intereses.

EL PROBLEMA

Gracias al uso del veto, Alemania y Austria han bloqueado durante años iniciativas para la gestión conjunta de los flujos migratorios. De otro lado, las diferentes tipificaciones de los delitos y sus condenas facilitan que los delincuentes eludan la justicia con sólo desplazarse a otro país vecino de la Unión. Además, las escasas competencias de Europol (la policía de la UE) y Eurojust (integrado por magistrados de los países socios) impiden una mayor eficacia en la persecución del crimen.

EL DEBATE

Como en todos los capítulos claves, Francia y Alemania rompieron el fuego con una propuesta conjunta a finales de 2002 en la Convención que redactó el proyecto constitucional. Pedían un control policial común de fronteras para controlar la inmigración, reclamaban una Fiscalía Europea (sobre la base de Eurojust) con poder para lanzar investigaciones y perseguir delitos transfronterizos, una policía (Europol) con capacidad para gestionar sistemas comunes de investigación y la armonización de penas para delitos graves como el terrorismo, el tráfico de seres humanos o la explotación sexual de niños.

En todos esos terrenos, París y Berlín planteaban la desaparición del derecho al veto a la hora de tomar decisiones en la Unión. Eso sí, Alemania aclaró que cada país, y no la UE, debía mantener su competencia para fijar cupos nacionales de inmigrantes.

Reino Unido respondió que no admitiría nada discordante con sus propias leyes. Frente a la gestión conjunta de la inmigración y las fronteras, el danés Edwin Teufel defendió que es cada Estado el que debe decidir los cupos en función de sus necesidades laborales, mientras el sueco Göran Lennmarker dijo confiar más en las policías nacionales que una gendarmería europea. La británica Gisela Stuart blandió un informe de la Cámara de los Lores contra la creación de una Fiscalía Europea.

LA SOLUCIÓN

"La Unión", dice el Tratado constitucional, "ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores" (Parte I-artículo 42). Desaparece el recurso al veto como el mayor logro en esta materia y queda consagrado el "sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores" de la Unión, con lo que queda abierta la vía para una gendarmería común de fronteras (III-265).

Con la Constitución en vigor, la UE podrá definir las infracciones penales y las penas mínimas o máximas para delitos graves transfronterizos como terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico de armas, blanqueo, corrupción o delincuencia informática. El Tratado deja sentado el principio el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, con independencia del país en que se produzcan, como piedra básica ya existente de la cooperación judicial en materia penal. Por eso, el artículo III-270 asume la admisión mutua de pruebas judiciales.

La política de inmigración se incorpora al derecho de la Unión, por lo que augura la gestión conjunta de los flujos migratorios (III-257), si bien cada Estado conserva sus competencias para decidir los cupos que prevé aceptar. La Unión podrá legislar sobre la integración de los trabajadores extranjeros (III-267). En inmigración clandestina, el texto menciona la obligación de combatirla, con especial énfasis en el tráfico de mujeres y niños. Habrá un "sistema europeo común de asilo" (III-266), con procedimientos uniformes de concesión y retirada.

Eurojust podrá iniciar investigaciones penales y proponer a las autoridades nacionales que abran procedimientos (III-272), mientras Europol aumenta ligeramente sus poderes (III-276). La Unión podrá tener en el futuro una Fiscalía Europea, aunque, por el momento, sólo para luchar frente al fraude contra los intereses financieros de la UE (III-274).

Ni los padres de la Constitución creyeron al principio que llegarían tan lejos.