La contradicción de Ibarretxe

El objetivo electoral de la coalición PNV-EA y de su candidato a lehendakari, Juan José Ibarretxe, está fijado en alcanzar, con la ayuda de Esker Batua, la mayoría absoluta (38 escaños) del Parlamento vasco. La obtención de esa cifra mágica realizaría dos deseos fervientes del nacionalismo institucional: poder gobernar con desahogo después de dos legislaturas de precaria mayoría, que le ha obligado a forzar procedimientos y a quedar expuesto a sorpresas como el voto escindido de Batasuna al plan Ibarretxe; y considerar que no ya el Parlamento sino la mayoría de la sociedad respalda su propuesta de libre asociación y la exigencia de negociarlo lanzada al presidente Rodríguez Zapatero.

Ese objetivo primordial trae aparejada también la contradicción más relevante en la que se mueve el tripartito vasco cuando reclama al Gobierno la presencia en las elecciones de Batasuna: la obtención de la mayoría absoluta pretendida depende materialmente de que el partido ilegalizado en 2003 no pueda concurrir a las urnas. Sólo con esa ausencia la aritmética electoral permitiría a PNV-EA rozar los 35 escaños y sumar, con los tres de Ezker Batua, los deseados 38, según el último Euskobarómetro. Con Batasuna en el tablero, las cosas se ven distintas: los 603.000 votos de PNV-EA en 2001 se alcanzaron gracias a la movilización nacionalista que se produjo ante la ofensiva electoral y mediática de la alternativa personificada desde el PP por Jaime Mayor Oreja y son un listón muy alto para superar sin un aporte de voto radical.

Los tres partidos saben que para seguir mordiendo de ese electorado que puede quedar impedido de expresar su auténtica preferencia en las urnas, deben, además de otras cosas, incorporar a su discurso la exigencia vehemente de admisión de las candidaturas de Batasuna. El propio Ibarretxe es tan consciente de esa necesidad que su segunda frase tras anunciar el adelanto de los comicios al 17 de abril fue para exigir al Gobierno la legalización de los radicales. "Quiero instar al Gobierno español (...) que no se prohiba ni se impida a ninguna agrupación electoral u opción política su participación en las elecciones", dijo.

Sin embargo, el breve adelanto electoral ha cortocircuitado objetivamente los tiempos que Batasuna-ETA pudieran manejar desde la declaración de Anoeta de noviembre para intentar salvar su presencia institucional. Por ahí vinieron las críticas de Batasuna. Ibarretxe ha pisado el acelerador "por motivos electoralistas", privando así a la izquierda abertzale ilegalizada de "un mes de oro". "Lo que en el fondo busca es conseguir la mayoría absoluta", aunque sea para conseguir un Parlamento "ilegítimo", denunció Joseba Alvarez.

También socialistas y populares dudan de que Ibarretxe y el nacionalismo en el gobierno quieran realmente a los de Otegi en los comicios. "Ibarretxe pide cosas a sabiendas de que no se pueden cumplir", simplemente para "quedar bien con los radicales", analizó el portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, al tiempo que el candidato del PSE a lehendakari, Patxi López, le instó a "dejar de hacer demagogia barata" sobre el particular, "cuando lo que quiere es que Batasuna no se presente para robarle los votos".

Así las cosas, hace diez días Ibarretxe trató de demostrar que no le mueve ningún interés espúreo y se comprometió a "trabajar activamente" por la presencia de Batasuna en las urnas, en respuesta a la exigencia de Otegi para que no firme el día 22 el decreto de disolución del Parlamento. El lehendakari no ha contestado a esta petición, limitándose a reclamar la legalización al Gobierno del PSOE, pero sí otras voces autorizadas del tripartito. El propio presidente de la Cámara autonómica, Juan María Atutxa, la despachó de inmediato calificándola de "simpleza".