Vizcaya se suma a Guipúzcoa y recurre la sentencia del Supremo que anula el Impuesto de Sociedades

La Diputación Foral de Vizcaya acordó ayer oficialmente la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló diez artículos centrales de la normativa foral sobre el Impuesto de Sociedades, entre ellos el que sitúa el tipo medio en el 32,5% frente al 35% del resto del Estado. El fallo del alto tribunal, pese a reconocer la capacidad que el Concierto da a las haciendas forales para establecer y regular su propio sistema tributario, limita de hecho la posibilidad de instrumentar medidas fiscales diferentes a las vigentes en territorio común.

En respuesta a un recurso de casación presentado por los empresarios riojanos, el Supremo interpretó que las ventajas más descollantes que permanecían en el Impuesto de Sociedades de las tres diputaciones vascas podían distorsionar la libre competencia empresarial y constituyen "ayudas de Estado" que debieron haber sido notificadas antes a Bruselas. Los incentivos fiscales a la inversión más conflictivos fueron derogados en 2000 mediante la paz fiscal firmada con el Gobierno central.

La Diputación de Guipúzcoa ya aprobó el martes pasado el recurso a la sentencia y la de Álava lo decidirá el lunes. Las tres actúan de forma coordinada con el Gobierno vasco. La petición de nulidad, acompañada de la suspensión de la sentencia, se basa en la supuesta falta de motivación por el Supremo de las razones por las que no realizó una consulta prejudicial sobre la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Para el supuesto el caso de que el incidente de nulidad no prospere, las diputaciones presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las posibilidad de que prosperen ambas iniciativas son mínimas, según reconoció el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que ha convocado una sesión extraordinaria de las Juntas Generales para debatir el asunto.

El Consejo Vasco de Finanzas decidirá la semana próxima la fórmula para resolver, de forma provisional o definitiva, el vacío legal creado por la sentencia.