Gallardón pide 18 millones por la atención a inmigrantes

El Ayuntamiento de Madrid reclama 18 millones de euros al Estado para lograr la "plena integración" de sus inmigrantes, según anunció ayer Ana Botella, concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano. Ésta afirmó que la cifra (el 27% de la cantidad presupuestada por el Gobierno, unos 120 millones) se corresponde con el porcentaje de inmigrantes que regularizarán su situación en Madrid respecto a todo el país.

Botella trasladó por carta el pasado 11 de enero a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, la "necesidad" que tiene la ciudad de recibir este dinero "en breve". Con esa cantidad se cubrirán las "necesidades" de los aproximadamente 220.000 inmigrantes (el 27% de toda España) que se calcula que regularizarán su situación en Madrid en los próximos tres meses, y se asegurará su "plena" integración en la sociedad.

La oposición en el Ayuntamiento no tardó en contestar. El concejal socialista Pedro Zerolo pidió en un comunicado al líder del PP, Mariano Rajoy, que su partido abandone las declaraciones que puedan "promover al racismo" y calificó de "repentino" el interés de los populares por la inmigración.

La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, pidió a Botella que no utilice a los inmigrantes "como arma política contra otros partidos".

El argumento del Consistorio es una regla de tres: el Gobierno central ha presupuestado 120 millones de euros para la regularización de 800.000 inmigrantes. Si Madrid aloja al 27% de ellos, deberá recibir el porcentaje correspondiente del dinero destinado: 18 millones de euros. Es decir, un 27,5%.

La concejal de Empleo y Asuntos Sociales precisó que esta cifra "corresponde" a la ciudad, que el dinero presupuestado por el Gobierno es "para transferir" y que no pedirlo sería "una dejadez de funciones del Ayuntamiento".

Para reforzar sus argumentos, la edil se había documentado: uno de cada siete habitantes de la capital es extranjero, uno de cada cinco inmigrantes en España reside en Madrid y, además, el perfil del inmigrante ha cambiado. Si hace unos años llegaban a la ciudad personas solas en edad de trabajar, ahora traen sus familias y tienen más necesidades. "Sólo durante este año el número de extranjeros empadronados ha subido en 44.000", puntualizó.

Este razonamiento fue puesto en duda por Sabanés y el sindicato UGT, que recordaron que antes de esta regularización estos mismos servicios ya se prestaban, por lo que el gasto ya existía.

Botella aclaró que esta petición es independiente de los 500 millones que solicitó el jueves al Gobierno la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya que ésta necesita el dinero para otras competencias que tienen transferidas, como Sanidad o Educación.

Respecto al programa de regularización de inmigrantes lanzado por el Gobierno hace cinco días, la edil lo calificó de "positivo" y ofreció su apoyo "incondicional" al Ejecutivo.