El presidente del PP de Valencia coincide con la ultraderecha en descalificar a la Acadèmia
Alfonso Rus invita a todos los académicos que avalaron el dictamen a marcharse a Cataluña
El presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, coincidió ayer en sus críticas a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con la ultraderecha. Rus instó a los académicos que firmaron el dictamen -que se aprobó por unanimidad del plenario- a "marcharse a Cataluña y desarrollar su trabajo de lingüistas allí". El líder del Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, también exigió la disolución de la AVL y que los académicos se fueran a su casa. El portavoz del Consell González Pons, se desmarcó de los ataques a la AVL. "Respondo por el Consell, no por el PP", dijo.
"Lo que tienen que hacer los académicos es trabajar por la unificación de la lengua que se habla en Castellón, Valencia y Alicante y no decirnos si somos valencianos o catalanes", explicó Rus a la agencia Efe. "No puede ser", prosiguió el presidente provincial del PP, "que anden todos los días alterando a los valencianos, porque ya tenemos bastante con pensar en temas importantes como son la economía o la escasez de agua". Rus manifestó: "No sé qué faena hacen los académicos, porque deberían estar trabajando en el diccionario en lugar de pensar que compartimos lengua con los catalanes, porque para eso, para decirnos que somos iguales, ya están ellos". "Si alguno de estos señores [los miembros de la Acadèmia] está convencido de que nuestra lengua es el catalán por ética y dignidad deberían marcharse a Cataluña a ejercer su trabajo", sentenció Alfonso Rus.
El líder provincial del PP coincidió en sus ataques a la citada institución de la Generalitat con la ultraderecha valenciana y con otros cargos institucionales populares procedentes de las filas del regionalismo secesionista, como el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner. La difusión del dictamen aprobado por la Acadèmia ha llevado a los partidarios del secesionismo lingüístico a pedir la movilización ciudadana para lograr la disolución de la institución creada por las Cortes Valencianas.
El consejero portavoz, Esteban González Pons, aseguró que "el Consell no actúa contra declaraciones", aunque precisó que el Gobierno valenciano es quien "ha de velar por las instituciones", ya que es "el último garante de la estabilidad institucional".
González Pons, en cambio, sí realizó un llamamiento genérico al ser preguntado por las declaraciones de Rus, Giner y otros cargos populares: "Hay que ser responsables y evitar la reaparición de la extrema derecha en la Comunidad Valenciana". El consejero, que amenazó a los académicos con que el Consell cambiaría la ley que regula la institución si no se plegaban a las condiciones gubernamentales, descartó ayer cualquier cambio legislativo que afecte a la Acadèmia y pidió responsabilidad. "Las instituciones de la Generalitat, mientras cumplan su función institucional, no necesitan ningún cambio".
En este contexto, los rectores de las 20 universidades ubicadas en territorios de habla catalana y que están agrupadas en el Institut Joan Lluís Vives aseguraron ayer que han defendido contundentemente "lo que dice ahora la Acadèmia Valenciana de la Llengua". Reunidos en Morella para celebrar el décimo aniversario de la constitución del Institut Joan Lluís Vives, los rectores recordaron que el pasado 17 de diciembre la comisión de Política Lingüística del instituto ya señaló que valenciano y catalán son dos denominaciones de una misma lengua. Un criterio que se trasladará también a la directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás, que ha reclamado asesoramiento sobre la catalogación de libros en esta lengua.
Acció Cultural del País Valencià valoró el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por reconocer explícitamente la unidad de la lengua catalana, pero advirtió de que "introduce un elemento de riesgo innecesario al proponer una codificación estrictamente valenciana del idioma". Intersindical Valenciana celebró la aprobación del texto de la Acadèmia, "frente a las presiones del Consell del PP y del secesionismo lingüístico". Para Intersindical el dictamen "constituye un avance significativo para la resolución de un conflicto estéril, derivado de la utilización política de la lengua".
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