Dos comerciantes se querellan contra las empresas y piden 100 millones de fianza a GISA

Dos comerciantes que resultaron perjudicados por el derrumbe del 27 de enero en el barrio presentaron ayer en el juzgado de guardia, a través de sus abogados, la primera querella por esos hechos en la que se relata que el siniestro podría constituir un delito de estragos por imprudencia.

La querella va dirigida contra personas físicas no identificadas a las que se considera responsables de lo ocurrido, así como contra la empresa pública GISA y la Unión Temporal de Empresa encargada de la construcción. Los querellantes solicitan a la Generalitat que deposite 100 millones de euros de fianza para asegurar la responsabilidad civil que se pueda derivarse y que se indemnice a los comerciantes de manera anticipada por el perjuicio causado.

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, que se encontraba en funciones de guardia de incidencias, y que al cabo de dos horas se inhibió en favor del número 33, cuya titular es Elisabet Castelló y ahora deberá pronunciarse sobre lo solicitado. Los querellantes reclaman también, entre otras cosas, que el juzgado acuerde la inspección ocular de la zona para preservar las pruebas que pueda haber y esclarecer lo ocurrido, aunque la realidad es que en la zona se están vertiendo desde hace días toneladas de hormigón para asegurar la firmeza del subsuelo. Por ese motivo, los abogados llegan a plantear en la querella que se podría haber cometido un delito de encubrimiento por la ocultación de las pruebas del supuesto delito.

Los abogados Ignacio Fernández de Senespleda y Sebastián del Val, censuraron ayer la actuación de la Administración con una comparación peculiar. "Es como si se hubiera producido un asesinato y el criminal fuera la persona encargada de realizar la autopsia del cadáver, esclarecer lo ocurrido, enterrar el cuerpo y determinar cuánto tienen que cobrar sus familiares", dijeron. Por ello, explicaron que han presentado la querella para que decida la justicia y no la Administración.