La Cámara de Cuentas revela que varios asilos concertados funcionaban en 2002 sin autorización

El análisis que publicó ayer la Cámara de Cuentas sobre las residencias de mayores concertadas con la Junta reveló algunos datos llamativos. Según el trabajo del órgano fiscalizador, que comprobó cuál era la situación de 87 asilos en cuatro provincias (Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla) a finales de 2002, el 25% de los centros funcionaba sin autorización y que el 33% no estaba acreditado, otro requisito exigido por la ley. La Consejería de Igualdad replicó ayer que esos centros contaban con permisos provisionales mientras se adecuaban a la norma.

La Cámara de Cuentas escogió para hacer su "trabajo de campo" a las cuatro delegaciones provinciales de Igualdad que en 2002 gestionaban un mayor número de plazas concertadas en residencias de mayores. Aquel año, la Junta se gastó 35 millones de euros en conciertos con 127 centros (4.544 plazas). El primer objetivo de la Cámara fue comprobar a través de los expedientes de estas delegaciones provinciales cuál era la situación legal de los asilos. La Cámara analizó los dos requisitos básicos que exige la normativa andaluza desde 1996 a estos centros. Por un lado, debían haber obtenido una autorización, una vez que la Junta verificase que cumplía con unas condiciones mínimas de funcionamiento (instalaciones, equipamientos, condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad).

En caso de no contar con la autorización, la ley establece que una residencia no podrá recibir ayudas públicas o firmar conciertos con la Junta. El segundo requisito es la acreditación, que evalúa la calidad del servicio (recursos humanos, atención ofrecida, sistema de información, elementos arquitectónicos) y se debe renovar cada cuatro años. De las 87 residencias concertadas analizadas en 2002, sólo 58 cumplían con ambos requisitos imprescindibles. 21 centros (24%) no tenían autorización y 29 (33%) no estaban acreditados.

En las alegaciones al informe de la Cámara de Cuentas y en un comunicado enviado ayer, Igualdad defiende que las residencias pueden seguir abiertas de forma provisional que acometan "un plan de adecuación en unos plazos fijados" para llegar a las condiciones mínimas exigidas. Y que, en algunos casos, ese plan se ha finalizado con éxito en estos dos últimos años. Aunque también es cierto que ese proceso de adecuación dura ya varios años en algunas residencias y que, como reseña la Cámara de Cuentas, "no se ha tenido conocimiento de que se haya producido resolución expresa alguna sobre incumplimiento de los requisitos, lo que hubiera determinado la imposibilidad de continuar con la actividad concertada".

El informe de la Cámara de Cuentas también destaca que no existe una norma que contenga todos los criterios que se utilizan para clasificar a los demandantes de plaza en lista de espera (casi 8.000 en 2002) y que los periodos medios para cubrir algunas vacantes "son excesivamente largos", en algunos casos de más de un mes. Además, reclama que la Consejería inspeccione todos los centros cada año, una exigencia que Igualdad cree imposible de cumplir.