"Me temo que muy poca gente de la mar va a votar"

En la comunidad pesquera ha cundido el desánimo. Los trabajadores de la mar se declaran "euroescépticos". Habla en su nombre Jaime Tejedor (Pasaia, Guipúzcoa, 1941), pescador durante 28 años, actualmente representante de los pescadores de Guipúzcoa, y "observador permanente" de todo el proceso de integración europea y de la aplicación de las políticas comunitarias en materia de pesca a lo largo de estos años. "Los principios generales recogidos en la Constitución están muy bien expresados y, como tales, ofrecen garantías suficientes para asegurar la viabilidad del sector pesquero, pero en la práctica no ocurre así", argumenta. "Los pescadores tenemos una mala experiencia con Europa", agrega Tejedor, "porque en la toma de decisiones las presiones de los gobiernos de los Estados más poderosos siempre han prevalecido sobre los acuerdos adoptados en el Parlamento".

Se entiende como "un avance" que la política común pesquera, tal y como figura en el articulado del Tratado, vaya orientada a incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida equitativo de la población pesquera, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar los precios razonables. Sin embargo, los pescadores desconfían del cumplimiento de estos preceptos "a la vista de la mala experiencia acumulada desde que la pesca es una competencia comunitaria", sostiene el representante de los pescadores guipuzcoanos: "Me temo que muy poca gente de la mar va a votar en el referéndum; ojalá me equivoque, pero los pescadores están desencantados con la política europea".

España es el segundo país de la UE, tras Dinamarca, que más pescado captura. La flota pesquera española se compone de 14.887 buques -la segunda más numerosa tras Italia- con una tripulación total de 68.275 personas en el sector de capturas.

Cita como ejemplo el agravio comparativo que se da dentro del sector primario a nivel europeo: "La agricultura recibe más del 50% del presupuesto comunitario, mientras que a la pesca sólo llega el 0,2%". Tejedor considera que la integración europea "no ha supuesto ninguna ventaja para el sector pesquero". Muy al contrario, "nos han arrinconado", porque las políticas pesqueras se han regido "por las presiones de las principales potencias, en muchas ocasiones en contra de los acuerdos adoptados por el Parlamento".

Los pescadores esperan que la aprobación de la Constitución europea corrija "situaciones anómalas" que se dan ahora, como "el enfrentamiento existente entre dos países miembros, como España y Francia, por las cuotas de anchoa, por ejemplo", y apueste firmemente por "una pesca de calidad y respetuosa con el estado de los caladeros", asegura Tejedor, quien se reconoce "europeísta" a título particular, al mismo tiempo que confiesa su "decepción" con la UE como hombre de la mar. La Constitución europea debe impulsar una política pesquera común "acorde con los recursos de la mar, con la flota comunitaria en activo y con los trabajadores de este sector, algo que no ha ocurrido hasta la fecha". El articulado, agrega, adolece de un apartado referido a "la sobreexplotación de algunas pesquerías o la utilización de artes agresivas de pesca".

El texto constitucional cita expresamente que la política común fomentará "el empleo óptimo de los factores de producción", lo que a juicio de Tejedor entra en colisión con "la política de destrucción de buques que ha practicado la Unión durante los últimos 17 años". También critica que, ahora, Europa esté importando de otros mercados extracomunitarios "el 80% del pescado que se consume en los países miembros, cuando sólo sería necesario el 50%". Este exceso de productos en el mercado trae consigo "una bajada drástica de los precios y un incremento indiscriminado de las capturas para rentabilizar el trabajo", lo que es contrario a los apartados de la Carta europea que aseguran "suministros a precios razonables" para el consumidor y la "estabilidad de los mercados".

Finalmente, Tejedor se pregunta por qué Francia impide que el patrón de un barco francés sea de otra nacionalidad distinta a ésta cuando "la Constitución establece en su artículo III-133 la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y prohíbe expresamente toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros".