¿Debería participar Batasuna?

ETA no se retirará si puede evitarlo, pero cada vez lo tiene más difícil. No porque no sea capaz de cometer atentados, como el de ayer, sino porque ya ni siquiera entre los votantes de Batasuna se le ve mucho sentido a la prolongación de la violencia. Ello es efecto de la distancia entre la eficacia terrorista y la policial (tres atentados mortales y 312 detenidos en los dos últimos años), pero también de la ilegalización de Batasuna y del desmontaje de su entramado económico. Por primera vez en muchos años, hoy existe una divergencia potencial de intereses entre el brazo político y el armado. Para que esa divergencia juegue en favor de la extinción o retirada de ETA lo más importante es evitar iniciativas, como la de aceptar la negociación política con ETA, que pudieran volver a dar un sentido a la violencia; pero también otras como la de legalizar a su brazo político sin un abandono previo de la violencia o un desmarque claro de Batasuna.

Si Ibarretxe quisiera de verdad que Batasuna participase en las elecciones, a quien emplazaría sería a Otegi, no a Zapatero. La única posibilidad de que Batasuna se presentase (como tal o con otro nombre) pasa por la revocación, a instancias de la Fiscalía, de la ilegalización decidida por el Tribunal Supremo. El fiscal general sólo podría plantearlo si Batasuna demostrase que ya no forma parte del entramado dirigido por ETA. Tal vez no bastase con la condena del terrorismo, pero hacerlo sería condición previa ineludible.

Entrevistado el martes por Iñaki Gabilondo, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, reprochó a Batasuna colocar siempre la pelota en el tejado de los demás. Pero él hizo lo mismo al asegurar que el asunto se podría resolver en 48 horas si la Fiscalía se abstuviera de impugnar las listas que presente el partido de Otegi. Su argumento fue que hay que dar cauce de expresión a todas las ideas; pero, siguiendo una arraigada costumbre nacionalista, evitó entrar a considerar los motivos que llevaron a la ilegalización judicial de esa formación. Esos motivos acaban de ser recordados por el juez Garzón en el auto de 25 de enero, por el que se procesa a 36 dirigentes y ex dirigentes de Batasuna.

El auto se propone "establecer la relación de dependencia" de Batasuna respecto a ETA "en su origen, desarrollo y actualidad". A tal fin, reproduce decenas de documentos internos que dejan poco margen para la duda: Batasuna es una parte subordinada de un entramado en el que ETA tiene la última palabra, incluso sobre cuestiones como la participación o no en determinadas elecciones, los criterios de confección de las listas o el signo del voto de sus parlamentarios.

Pero el auto profundiza también en la complementariedad entre la violencia de ETA y las actuaciones de su entorno, incluyendo el "frente institucional", con el fin de producir un "efecto aterrorizante" no sólo sobre las víctimas directas, sino también sobre el "colectivo social al que pertenece", para forzar su adhesión o su abandono. Todo ello en la perspectiva de provocar -dice Garzón- una "desconexión paulatina" respecto al Estado español mediante conductas de "desobediencia" que vayan construyendo "una legalidad alternativa" que permita ir "sustrayendo al Estado importantes parcelas de su control normativo".

El partido de Otegi ha emplazado a Ibarretxe a no oficializar la convocatoria electoral hasta que se reconozca su derecho a participar en ella "en igualdad de condiciones". Hay igualdad de condiciones cuando cualquier candidato puede defender sus ideas sin temor a que le maten o agredan. Entre la ruptura de la tregua, en 2000, y las últimas elecciones municipales, en 2003, ETA asesinó a ocho concejales del PP y del PSOE, cuyas sedes y actos públicos fueron declarados "objetivo militar" -285 ataques entre 2000 y 2004- sin que tal cosa suscitase el menor reproche por parte de Batasuna. Su reclamación resulta, por tanto, un sarcasmo. Pero también resulta inquietante que entre las competencias que asumirían las instituciones vascas si un día se aplicase el plan Ibarretxe figure (art. 11) la de aprobar una ley vasca de partidos que permitiría esquivar la ilegalización instada en agosto de 2002 por el 90% de los diputados del Congreso. Eso sí que sería crear una legalidad alternativa que desconectase a la Euskadi de Ibarretxe de la España (y la Europa) democráticas.