El fiscal no ve pruebas de información privilegiada en el ex gerente de Somuvisa

El Ministerio Fiscal ha pedido la libre absolución del ex gerente de la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) de Jaén, Julio Hidalgo, por considerar que no existen "elementos suficientes" para formular acusación contra él. Hidalgo fue juzgado ayer por un presunto delito de uso de información privilegiada tras la querella presentada por el grupo municipal socialista en la anterior legislatura. También se sentaron en el banquillo otros dos empresarios que, según la acusación, actuaron como "testaferros" de Hidalgo para que éste, valiéndose de su cargo, obtuviera plusvalías superiores al 30% del valor de los solares.

Julio Hidalgo, que dimitió de su cargo poco después de la querella presentada por el PSOE, ya fue absuelto el pasado mayo de los delitos de negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental por el que fue juzgado por un tribunal con jurado. De estas dos causas ya quedó absuelto en su día el concejal de la Presidencia de Jaén, Miguel Segovia (PP), en su calidad de presidente de Somuvisa, cargo que ha vuelto a ocupar desde enero. Segovia declaró ayer como testigo para volver a defender la operación llevada a cabo por Somuvisa de cara a revitalizar una zona "degradada" del casco antiguo jiennense y para recordar que tanto PSOE como IU votaron a favor de la adquisición de los solares. Cuatro años después de que Somuvisa adquiriera esas fincas con el fin de construir viviendas para jóvenes, la actuación urbanística sigue paralizada.

La Fiscalía justificó su petición de libre absolución para Julio Hidalgo y los otros dos empresarios imputados por la ausencia de "elementos suficientes" probatorios para poder sustentar la acusación. El fiscal reconoció, no obstante, que existen "indicios de algo raro", aunque añadió que se trata "sólo de sospechas, que no desvirtúan la presunción de inocencia".

Por su parte, el letrado de la acusación particular del PSOE, Alfonso Martínez del Hoyo, mantuvo su petición de dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para Julio Hidalgo. El abogado admitió que no existe ningún documento que pruebe el uso de información privilegiada -"el pacto no se hizo ante testigos", dijo-, pero añadió que se dan "una acumulación de hechos que conducen a una prueba indiciaria". Según el letrado, los propietarios de los seis solares estaban dispuestos a su venta por algo más de 264.000 euros, pero finalmente se vendieron por 390.650 euros, tras un proceso intermedio en el que actuaron las empresas Edifisa 2000 y Depusan, vinculadas a la familia de Hidalgo. La operación supuso, pues, en torno a un 30% de sobrecoste que, según el abogado del PSOE, fue la plusvalía obtenida por Hidalgo y los dos empresarios. Para el representante de Depusan, Enrique González Peñas, la acusación pide un año de prisión por un presunto delito consumado de aprovechamiento de información privilegiada, y para el administrador de Edifisa 2000, Juan José Manzano, seis meses por otro en grado de tentativa.

El abogado defensor de Julio Hidalgo, Jesús Santaella, negó que su cliente hubiese incurrido en el delito de información privilegiada puesto que el proceso de compra de solares era "público y notorio". También señaló que, además de Hidalgo, otros empleados de Somuvisa y el consejo de administración podían haber tenido la misma información.

Los letrados de la defensa renunciaron a la declaración como testigos de los 11 ex concejales del PSOE en la anterior legislatura, que fueron los que suscribieron la querella. Sí declaró la propietaria de uno de los solares, que reconoció en la sala al padre de Julio Hidalgo -que se dedica a los negocios inmobiliarios- como el que se dirigió a su familia para adquirir la finca.

El juicio se inició con polémica tras hacer público la defensa un escrito dirigido por el letrado de la acusación, Alfonso Martínez del Hoyo, al actual portavoz del PSOE, Marcos Gutiérrez, instándole a pasar a la acción política y asegurándole que el fiscal podría adherirse a su causa en el momento de la vista.