El déficit sanitario en Cataluña

En respuesta a la percepción generalizada existente en Cataluña de que para mantener la calidad científica y técnica del sistema público sanitario, así como para mejorar el confort del usuario y su accesibilidad a tal sistema (aumentando también la satisfacción y las condiciones de trabajo de sus profesionales y empleados) hay que aumentar considerablemente el gasto público en sanidad, el nuevo Gobierno tripartito catalán se ha comprometido -tal como consta en el pacto del Tinell- a que el gasto público sanitario en Cataluña alcance en dos legislaturas el mismo porcentaje del PIB que el que gastan regiones o países con una renta per cápita y características similares a las de Cataluña.

Como parte de este proceso el Gobierno catalán nombró hace unos meses a un grupo de trabajo para que propusiera medidas para resolver tal déficit, haciendo recomendaciones de cómo mejorar la financiación y la eficiencia del gasto sanitario en Cataluña. Aunque corresponde al presidente de este grupo, el doctor Miquel Vilardell, ser su portavoz y dar los detalles del informe elaborado, quisiera, como miembro del mismo y a nivel personal, hacer algunas observaciones. Una de ellas es que, por lo general, las informaciones que aparecieron en un gran número de medios de información (incluyendo tertulias y debates radiofónicos y televisivos) sobre los temas que tal comisión supuestamente estaba discutiendo -como el famoso pago de un euro por visita- pecaban de excesiva especulación.

Lo primero que hizo la comisión fue definir la naturaleza del problema de la financiación pública de la sanidad, que puede resumirse en falta de dinero y necesidad de mejorar la eficiencia en su uso. El primero es grave y se debe a que Cataluña gasta menos en sanidad pública de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Necesitaríamos alrededor de 2.500 millones de euros más al año para gastar el mismo porcentaje del PIB en sanidad pública que el que gastan los países europeos de igual nivel de renta que nosotros. Las intervenciones públicas más importantes para resolver este déficit incluyen la recuperación de un mayor porcentaje de los impuestos generados en Cataluña (como el IRPF, el tabaco, el alcohol y el IVA, entre otros) y también el incremento de nuestra carga fiscal hasta converger con el promedio de países de la UE que tienen el mismo nivel de renta que nosotros.

Lo primero -la recuperación de mayores porcentajes de los impuestos- se exige no sólo por la necesaria corrección del déficit fiscal de Cataluña sino también por el cambio que España ha experimentado en los últimos años descentralizando enormemente su Estado de bienestar. No es lógico, por ejemplo, que Cataluña (u otras comunidades autónomas) recupere sólo el 40% de los impuestos del tabaco, cuando los efectos insaludables y nocivos del tabaquismo (una de las mayores epidemias en nuestro país) los absorbe la sanidad, que ya está totalmente descentralizada y de cuya gestión y financiación son responsables las comunidades autónomas. La descentralización de responsabilidades del Estado a las comunidades autónomas no ha ido todavía acompañada de la descentralización de los fondos necesarios para pagarlas.

Esta descentralización de la responsabilidad fiscal, sin embargo, no es suficiente para resolver el déficit de fondos públicos que tenemos respecto al promedio de países de igual riqueza que nosotros, y ello es resultado de que la presión fiscal en España (incluyendo Cataluña) es menor que en esos países (los impuestos directos del IRPF representan el 10,7% del PIB en España mientras que el promedio de la UE de 15 Estados es el 13% del PIB europeo). Y es en este sentido que la comisión se atrevió a tocar un tema tabú en nuestro país al decir que si en España y en Cataluña queremos tener una sanidad con el nivel de calidad, confort y satisfacción de los países europeos (UE de los Quince) tendremos también que converger en los niveles de presión fiscal, condicionando este aumento de la presión fiscal en el caso de Cataluña a la corrección de su déficit fiscal. Y éste es el punto clave con el cual la ciudadanía podría estar de acuerdo (si se le explica correctamente, lo cual no se hizo en la mayoría de noticias sobre el informe de la comisión, en las que incluso se ignoró esta