Una contienda libre de impuestos

El pasado miércoles, en medio del fragor de la batalla que mantuvo con la oposición por las privatizaciones ejecutadas durante la etapa del PP, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, enfatizó que "pronto" se conocería cómo se hizo la de Aldeasa. Esta empresa, que explota las tiendas de los aeropuertos españoles, se ha convertido casi de repente en un apreciado objeto de deseo. Tres ofertas públicas de adquisición (OPA) se han sucedido desde el pasado diciembre y compiten por tomar su control. Pero, ¿qué tiene Aldeasa que todos la quieren? ¿qué esconde para que una pelea aparentemente comercial haya irrumpido en el Parlamento de forma tan abrupta?

Desde una perspectiva puramente económica, las tres ofertas -a 29, 31 y 33 euros por acción, respectivamente- han dado alas a la compañía, que ya cotiza por encima del último de esos precios (34,75 euros el viernes), lo que le otorga un valor de 729 millones de euros. Quizá el asunto no iría mucho más allá si no fuera porque detrás de las ofertas aparecen fantasmas políticos. El PP acusa al Gobierno de primar al grupo del que forma parte el ex secretario de Estado con el PSOE Pedro Pérez y llevando el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, mientras el Gobierno subraya que la empresa y sus accionistas se han venido beneficiando de "los privilegios concedidos" durante la privatización, con episodios más o menos controvertidos que ahora resucitan.

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Aldeasa, fundada en 1974, fue privatizada por el primer Gobierno del PP, que la colocó en Bolsa el 1 de octubre de 1997 al precio de 19,65 euros. Hasta ahí todo normal. La polémica radica en que, sólo dos meses antes, el Gobierno había vendido directamente el 20% que poseía Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) en Aldeasa a Tabacalera (hoy Altadis). Fue un intercambio a la carta entre tres empresas públicas dirigido desde la Dirección General del Patrimonio, perteneciente al Ministerio de Economía.

El precio al que se vendió ese paquete fue de 24,56 euros por acción, lo que supuso una prima del 22,5% sobre el que posteriormente se fijó para salir a Bolsa, según recuerdan fuentes implicadas en la operación. El desembolso ascendió a 83,73 millones de euros, según esas fuentes.

Pero es que, además, antes de la oferta pública de venta (OPV) de acciones, Aldeasa hizo una ampliación del 10% del capital a la que solamente podía acudir Tabacalera y que pagó al mismo precio de salida de la OPV.

Tabacalera se convirtió, de ese modo, en el accionista de referencia (30% del capital) con la inestimable ayuda del Gobierno. El restante 70% salió a Bolsa y el Estado ingresó 294,8 millones de euros, incluyendo el 10% que pagó Tabacalera. Altadis cuenta desde entonces con tres consejeros en Aldeasa, mientras que el presidente de ésta, José Fernández Olano -persona cercana a Rodrigo Rato, que le nombró siendo ministro de Economía-, es consejero de Altadis.

Para Patrimonio, entonces dirigido por Pablo Isla (posteriormente, presidente de Altadis), la operación se hizo porque el Gobierno quería reforzar Tabacalera y darle más atractivo de cara a la privatización del 52,3% que aún poseía el Estado, prevista para abril de 1998. Para esas fuentes, "es totalmente legal que una empresa pública venda capital a otra".

Sin embargo, las dos decisiones del Gobierno para "reforzar" el valor de Tabacalera y convertirle en el accionista de referencia, han generado duras críticas en otros ámbitos (entre ellos, el actual Ejecutivo), ya que supuso "poner el control de una empresa que iba a salir a Bolsa en manos de otra sociedad controlada por el Gobierno, sin ofrecer la igualdad de oportunidades a otros posibles inversores". "Fue un amaño", dicen estas fuentes, "en el que la ausencia de concurso público privó a las arcas del Estado del precio más alto que un proceso competitivo hubiese generado". Esas fuentes van más allá: "No sólo obligaron a AENA a vender su participación, si no que, además, le habían exigido prorrogar las concesiones de las tiendas de los aeropuertos a Aldeasa por adjudicación directa y no por concurso público, lo que habría generado mayores ingresos".

El consejo de administración de AENA había aprobado el 21 de octubre de 1996 el contrato por adjudicación directa, sin concurso público, para explotar el 88% de los espacios comerciales en AENA por un periodo de 10 años. Finaliza, por tanto, el 31 de diciembre de 2006, cuando, esta vez sí, está previsto que salga a concurso. El acuerdo del consejo se formalizó el 7 de noviembre de 1996, 11 meses antes de privatizarse Aldeasa.

Sobre la salida de AENA de Aldeasa, fuentes que trabajaron en Patrimonio durante esas fechas entienden que no tenía sentido que la empresa que gestiona los aeropuertos participara en la que recibía las concesiones para explotar las tiendas de los aeropuertos, que es en definitiva donde está el gran negocio de Aldeasa. El contrato de concesión por 10 años que se otorgó entonces "era una forma de dar valor a la empresa de cara a la privatización".

No se salva de estas críticas Pablo Isla, ya que, pasados unos años, en julio de 2000, acabó como presidente de Altadis, resultado de la fusión de Tabacalera y la francesa Seita. El problema reside en que Isla llegaba al frente de una empresa cuya privatización había dirigido desde Patrimonio y para la que había ayudado a diseñar la compra del 30% de Aldeasa sin que hubieran pasado dos años desde que había dejado sus responsabilidades públicas para reingresar en el Banco Popular. Es decir, podría contravenir la Ley de Incompatibilidades. Fuentes cercanas a Isla recuerdan que aceptó después de pedir un informe al Ministerio de Administraciones Públicas, que, en carta con fecha de 6 de septiembre, no puso ningún impedimento.

Las escaramuzas comenzaron el 13 de diciembre. A través de Gestión de Explotaciones Aeroportuarias (GEA), tres firmas españolas con pedigrí (Alba, del grupo March; Omega Capital, de Alicia Koplowitz, y Mercapital) lanzaban una oferta a 29 euros, lo que suponía una prima del 12,8% sobre el precio en Bolsa. Con una pequeña participación en GEA también figura Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía y ex presidente de Tabacalera en la anterior etapa socialista.

Para entonces, AENA llevaba negociando con Aldeasa desde el mes de junio para establecer un nuevo canon por la explotación de las tiendas. Los cánones pagados por Aldeasa han ido decreciendo de año en año. Los porcentajes de ingresos sobre ventas pagadas han pasado desde el 28,6% en 1997 al 17% en 2004. La nueva administración de AENA nombrada por el Gobierno socialista considera que Aldeasa paga menores cánones que en otros aeropuertos extranjeros (está en 12 países) y que la concesión de 10 años le perjudica. Por eso, su presidente, Manuel Azuaga, haciéndose eco de una reunión que tuvieron ambos el el 13 de diciembre, en una carta con fecha 17 de enero aprieta las tuercas a su inquilino anunciando nuevos precios (el 22% sobre ventas con un mínimo anual asegurado de 65,5 millones en 2005) y que las futuras renovaciones se harían por concurso público.

Dos días después, el presidente de Aldeasa, Fernández Olano, le contestó en otra carta que lo mejor era esperar a que se dilucidase la OPA que estaba en marcha.Y, por si acaso le recuerda que lo firmado se debe respetar: "Nosotros podríamos colaborar en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para sus inquietudes, siempre que éstas se encuadren en el marco jurídico apropiado y contemplen adecuadamente los intereses de nuestra empresa".

El intercambio de cartas, conocidas por el mercado ya que se presentan como hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), llegaron a hacer caer el valor en Bolsa el 13,9% el día 23 de enero. Pero la presentación de otra OPA por parte de Advent International a 31 euros por acción frenó la derrota que había tomado la cotización.

El proceso, ya con dos ofertas competidoras, se enrareció cuando el PP se metió a saco en la batalla al reclamar a la Fiscalía Anticorrupción que abriera una investigación sobre las ofertas. El PP acusa al Gobierno del PSOE de interferir en favor de la oferta de GEA -la única aprobada hasta ahora por la CNMV- por la amistad de Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, con Pedro Pérez. Una acusación que niega tajantemente la ministra (la interferencia) apelando a las referencias que aparecen en las cartas intercambiadas entre los presidentes de AENA y Aldeasa en las que se demuestra que las negociaciones provenían desde antes del verano. Mientras, el Gobierno considera que Aldeasa y su primer accionista (Altadis) se han beneficiado de unos privilegios y las arcas públicas han salido perjudicadas para "favorecer a los amigos y personas cercanas al PP" en palabras de la titular de Fomento, al que está adscrito AENA. Además, el PSOE ha pedido que el presidente de AENA explique la relación con Aldeasa en el Congreso para esclarecer todos estos hechos.

En todo este proceso, Altadis guardaba un silencio que unos días más tarde resultaría elocuente. Aunque había asegurado que su participación en Aldeasa no era estratégica, el jueves 27 de enero se opuso por carta a la oferta de GEA por considerarla insuficiente. Sus tres representantes no asistieron ese día al consejo de Aldeasa, lo que hacía presagiar la sorpresa que llegó a la mañana siguiente. El mercado se desayunó con una tercera OPA que llevaba la rúbrica de Altadis junto a la de Autogrill, la firma de restaurantes de carretera del grupo Benetton. El precio es de 33 euros y la oferta no se supedita a alcanzar ningún porcentaje. Cada parte se compromete a aportar el 50% y la empresa tabaquera quedará liberada de este compromiso si hay una OPA superior a la que podría acudir.

Para añadir más pimienta, ha trascendido que Altadis puede haber ofrecido a Javier Gómez Navarro, una persona cercana al PSOE y próximo presidente de las Cámaras de Comercio, la presidencia de Aldeasa, según publicó Cinco Días. La pugna por las tiendas libres de impuestos no estará libre de polémica.