El encaje con la legislación estatal

Las propuestas del grupo de expertos sobre la financiación sanitaria en Cataluña tiene posibilidades de encaje en el actual marco normativo, pero supeditado a la voluntad del Gobierno central. Las leyes de Sanidad, de 1986; del Medicamento, de 1990; de Cohesión y Calidad, de 2003, y el acuerdo de financiación autonómica de 2002 ofrecen vías para su modificación vía decreto, si el Ejecutivo lo acepta. En ese sentido, ni la gratuidad de la asistencia, ni el copago de medicamentos, ni el sistema de financiación tienen tanta concreción como para que no puedan modificarse.

- Farmacias. La propuesta de liberalizar el sistema de farmacias tiene la oposición del reglamento del sector, que restringe aspectos como la distancia entre los establecimientos. El mayor obstáculo sería que se quisiera eliminar al farmacéutico del proceso de dispensación. La ley de 1990 ya prevé que se puedan dar fármacos en hospitales o centros de salud.

- Financiación. El actual sistema fija que el Estado aportará una cantidad a cada comunidad en función de su población, con factores de corrección por su envejecimiento o insularidad. El Fondo de Cohesión, fijado en 53 millones ampliables, es el encargado de pagar la atención a residentes de fuera de la comunidad (tanto españoles como extranjeros). También puede ampliarse si la población aumenta más de un 3% en un año, lo que no ha sucedido.

- Política farmacéutica. Muchas de las propuestas (participación de las comunidades en la Agencia del Medicamento, dar prioridad a los genéricos o los precios de referencia) están contempladas en el Plan de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Una de las ideas (fijar un sistema doble de precios, uno para los fármacos que paga el Sistema Nacional de Salud y otro para los demás clientes) ha sido sugerida alguna vez por Farmaindustria. La patronal de los laboratorios también está dispuesta a negociar "para cooperar en la estabilidad".

- Copago. El pago de un euro por atención médica, que finalmente ha sido descartado, no está previsto en la Ley de Sanidad, pero tampoco se prohíbe. "La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizaran en condiciones de igualdad efectiva", dice.

La parte de cada medicamento que paga cada usuario por receta no es fija. Aunque está establecido que la población activa pague el 40%, los enfermos crónicos el 10% y los pensionistas y jubilados, nada, esta cifra puede cambiarse. Por ejemplo los funcionarios afiliados a Muface pagan el 30% en todos los casos.