Las declaraciones sobre la inmigración del portavoz municipal acentúan la tensión en el PP de Alicante

La controvertida visión sobre la inmigración de Pedro Romero, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, para quien la implantación de una nueva línea marítima entre esta ciudad y Orán (Argelia) operada por Trasmediterránea, supone "una amenaza" que "hará muy difícil la convivencia" y para quien los inmigrantes son los causantes de los problemas en la gestión de los servicios públicos

ha aumentado la tensión en el gobierno local, dividido entre campistas y zaplanistas.

Entretanto, el secretario general del PSPV-PSOE en Alicante, Juan Antonio Román, aseguró ayer que los servicios jurídicos del partido estudian la posibilidad de entablar acciones legales contra el portavoz del PP. Román consideró "racistas y xenófobas" las afirmaciones de Romero y estimó que "transgreden la ley penal", por lo que "debería plantearse su dimisión y devolver el acta" de concejal.

Los socialistas creen que las afirmaciones de Romero no representan al pueblo alicantino, ya que "esta ciudad ha sido siempre muy acogedora", y consideran que lo único que pueden provocar es "una reacción peligrosa por parte de un sector de inmigrantes". Román subrayó que "traspasan los límites del código penal" y demuestran una "irresponsabilidad política".

La última vez que una naviera intentó establecer nuevas conexiones entre Alicante y el Magreb también encontró un firme rechazo del gobierno municipal. La compañía Cenargo España, que trató de poner en marcha en 1993 una línea de pasaje y carga entre Alicante y Nador (Marruecos), encontró la oposición del alcalde de entonces, el socialista Ángel Luna, quien, finalmente, se salió con la suya después de que el Tribunal Supremo rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por la compañía de capital británico.

Cenargo informó en junio de 1993 a la Secretaría General para los Servicios de Transportes del Ministerio de Obras Públicas de la llegada a Alicante del transbordador Scirocco para iniciar el servicio con Nador.

A los pocos días, la Autoridad Portuaria de Alicante denegó el atraque a este buque. La empresa recurrió la decisión de las autoridades portuarias, pero el Supremo justificó la prohibición de la línea por "las exigencias imperativas del control de las fronteras españolas, que legitiman la necesidad de someter a un cierto control, también inicial, el establecimiento de una línea regular que pretenda desembarcar en España".