Botín considera legales y transparentes los pagos por el 'caso jubilaciones'

Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, negó ayer que existiera relación entre los pagos millonarios abonados por jubilaciones al copresidente del banco José María Amusátegui y al consejero delegado Ángel Corcóstegui con el repentino cese de estos ejecutivos. Los pagos fueron los pactados en el momento de la fusión de los bancos, según Botín, y contaron con la transparencia y el unánime acuerdo del consejo. Botín se negó a responder a los abogados de la acusación.

Con rotundidad y negando con el término "en absoluto", Botín declaró en la Audiencia Nacional que no entregó un cheque en blanco a los ex altos directivos del recién fusionado banco, Amusátegui y Corcóstegui, con el fin de "comprar su cese y lograr quedarse con las manos libres" para dirigir en solitario la entidad fusionada en 1999. En este sentido de no querer acaparar el poder, argumentó que tras la marcha, a petición propia, de Corcóstegui, nombró a Alfredo Sáenz nuevo consejero delegado.

Botín indicó al fiscal que volvería a actuar de igual manera y que los pagos de 43,7 millones de euros para Amusátegui y de 107 millones para Corcóstegui se corresponden con la dimensión del banco y los pagos similares de otras multinacionales. Estas bonificaciones, según Botín, fueron aprobadas por el consejo y presentadas a la junta de accionistas con el visto bueno de "prácticamente el 100%" del capital.

Botín no quiso responder a las preguntas de la acusación, a la que vincula con un grupo liderado por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, que ha iniciado múltiples procesos judiciales contra el banco desde que compró Banesto en 1994. Según Botín, este grupo "persigue insistentemente" al banco "porque cumplió con su obligación y trató de recuperar todo lo que pudo" de los acreedores de Banesto, incluido del ex consejero. Pérez Escolar fue condenado en el juicio sobre la gestión de dicha entidad junto a Mario Conde.

Respecto a la salida anticipada de Amusátegui en agosto de 2001, Botín indicó que la entendió porque la fusión se había producido a mayor velocidad de la prevista. Sobre la marcha de Corcóstegui en febrero de 2002, resaltó que le pilló "por sorpresa" y que se fijó incompatibilidad para que trabajara en banca durante 10 años y se rebajó su pensión de 175 a 107 millones.