La norma de inmigración forzará a los agricultores a acudir al contingente

El proceso para la regularización de inmigrantes, que el Gobierno central abre el próximo día 7 de febrero, va a modificar sustancialmente los hábitos de los empresarios oleícolas de la provincia de Jaén. De momento, las exigencias previstas van a forzar a los empresarios a acudir al contingente para la contratación de temporeros en origen, un procedimiento habitual en otras campañas agrícolas pero hasta ahora inédito en Jaén.

Las organizaciones agrarias recelan de la eficacia del nuevo reglamento en Jaén por la "eventualidad" de la campaña olivarera, donde es difícil acumular los tres meses de trabajo como mínimo que se exigen para acceder a la regularización.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, reconoció que "la intención" del Gobierno central es la de acudir al contingente laboral de extranjeros para las próximas campañas de la aceituna, algo que, según subrayó, pretende acabar con "la contratación ilegal y con las mafias organizadas" y, al mismo tiempo, posibilitará que crezca el número de afiliados a la Seguridad Social. Además, se mostró convencido de que cuando la situación se normalice "sólo llegará la mano de obra que sea necesaria". El subdelegado recalcó que con la nueva legislación en materia de extranjería se facilitará la contratación de contingentes en apenas un plazo de 15 ó 20 días. Los sindicatos estiman que un 30% de los inmigrantes que llegan a Jaén no tienen papeles, lo que les dificulta su contratación puesto que los empresarios no se arriesgan a ser detenidos.

Las organizaciones agrarias valoran la iniciativa del Gobierno de acabar con la inmigración ilegal, pero recelan de las exigencias contempladas en el reglamento, en especial la obligatoriedad de acreditar un contrato mínimo de tres meses para el sector agrario. "Habría que buscar fórmulas mixtas para que un contrato en la aceituna pueda servir luego para la fresa o la manzana", señaló Gregorio López, presidente de COAG en Jaén. Esta organización ha sido siempre partidaria de la contratación en origen de los trabajadores extranjeros "para adecuar la oferta a la demanda", y el último año llegó a ofertar, sin éxito, un contingente de 200 temporeros.

Eventualidad

Por su parte, Luis Carlos Valero, de Asaja, saluda el mecanismo ideado por el Gobierno pero desconfía de su "eficacia" en Jaén por la "eventualidad" del sector agrario. "Bienvenida sea este proceso, pero va a ser difícil que en las zonas agrícolas se puedan cumplir todos los requisitos", señaló Valero, que recordó que lo habitual en la campaña de la aceituna es realizar contratos verbales. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Jaén dejó claro ayer en conferencia de prensa que "no habrá excepciones" aunque reconoció las características específicas del mercado de trabajo agrario.

Además, del contrato por un tiempo no inferior a tres meses a presentar por el empresario, el trabajador deberá acreditar estar empadronado en cualquier punto de la geografía española antes del 8 de agosto y carecer de antecedentes penales tanto en su país de origen como en España. El subdelegado del Gobierno advirtió que las multas a los que incurran en fraude en este proceso pueden ir hasta los 60.000 euros. Para evitar cualquier irregularidad, la Subdelegación va a reforzar con 11 funcionarios la oficina de Extranjería.

La Subdelegación del Gobierno estima que en cinco o seis años cerca del 10% de la población activa de la provincia de Jaén será de origen extranjero, aunque ayer el subdelegado del Gobierno no se atrevió a cuantificar el número de trabajadores que se beneficiarán del proceso de regularización que el Gobierno abre desde el 7 de febrero al 7 de mayo. Fernando Calahorro admitió que en esta campaña oleícola, que está a punto de finalizar, se han levantado "muchas actas" por procedimientos ilegales de contratación por parte de los empresarios, en especial las relacionadas con contratos limitados a los fines de semana.

La campaña de este año ha estado envuelta en la polémica tras la desarticulación, el pasado mes de noviembre, de una red que, supuestamente, extorsionaba a inmigrantes a cambio de su legalización, y que llevó a la cárcel al mismo jefe de la oficina de Extranjería de Jaén.