Condenados a vagar

El sábado, un bebé con unas semanas de vida murió en un local comercial abandonado del barrio de Las Moreras de Córdoba. Al cierre de esta edición todavía no estaba clara la causa del fallecimiento. La hipótesis que cobra más fuerza, según fuentes policiales y de la Junta de Andalucía, es la de una muerte súbita, aunque tampoco descartan que se produjera a consecuencia de las bajas temperaturas. El niño murió de madrugada, mientras dormía con sus padres en un bajo destartalado de uno de los barrios más deprimidos de la ciudad.

Sus jóvenes progenitores formaban parte de un grupo de unos 25 inmigrantes rumanos, entre los que se encontraban cuatro niños pequeños, que había elegido ese local para pasar las noches.

Según fuentes policiales, la gran mayoría dispone de pasaportes de turista vigente, aunque no pueden trabajar legalmente al carecer de los papeles necesarios. Se ganan la vida mendigando.

Desde hace meses, la imagen de decenas de mujeres rumanas, gran parte de etnia gitana, pidiendo algo de limosna por las calles de Córdoba es habitual. No existen datos sobre cuántos puede haber en la ciudad, pero los desalojos de campamentos se repiten desde hace meses.

Ángeles Marco, la vocal de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), cuenta cómo los padres del niño fallecido el sábado acabaron por refugiarse del frío en el bajo abandonado tras haber sido desalojados en dos ocasiones de asentamientos ilegales, la última vez el pasado 19 de enero.

El Ayuntamiento, presidido por Rosa Aguilar (IU), ha mantenido una vigilancia constante para evitar los asentamientos. La teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Solidaridad, Inés Fontiveros, ha repetido hasta la saciedad que no se iba a "permitir la acampada libre". Pero si se niega a abandonar la ciudad, ¿dónde puede vivir este colectivo al que no se le puede expulsar del país?

Las ONG que trabajan con los inmigrantes llevan desde el año pasado reclamando una solución. Han pedido reiteradamente que las administraciones local, autonómica y central se sienten para tratar el tema.

Hasta el pasado 21 de enero, la pelota saltaba de un techo a otro. Los responsables municipales decían que no tenían "ni competencias ni recursos", que las arcas municipales no se podían hacer cargo de ellos. La Junta sostenía que anualmente ofertaba subvenciones para paliar los problemas de la inmigración y que el Ayuntamiento de Córdoba no había solicitado ninguna. Y la Subdelegación del Gobierno central afirmaba que sus competencias eran sólo las de "autorizar, de acuerdo con la ley, los permisos de residencia y de trabajo".

El 21 de enero se sentaron a hablar. De la reunión salió el compromiso de financiar conjuntamente un plan de integración para que, un grupo indeterminado, pudiera alojarse en el cámping municipal, donde ya residen desde hace tres meses otros 36 rumanos.

El plan, que todavía no se ha puesto en marcha, incluye el compromiso por parte de los inmigrantes de no mendigar.

El problema de la mendicidad que ejerce este colectivo parece una pieza clave en este asunto, si se atiende a las declaraciones de los políticos cordobeses. Rosa Aguilar, cada vez que se le ha preguntado, ha repetido que no iba a permitir que los inmigrantes rumanos "hostigaran" a los ciudadanos mendigando, incluso, con los niños. En términos parecidos se pronunció ayer el representante de la Junta, Antonio Márquez: "Al margen de que nos vamos a hacer cargo de estas personas, siempre hemos mantenido que detrás de este problema está la mendicidad".

Las asociaciones que trabajan con inmigrantes en Córdoba convocarán una concentración para mañana como protesta por el fallecimiento del bebé rumano y la falta de iniciativa de las administraciones.