En primera línea contra el maltrato

No sea cabezona, señoría, le digo que le he perdonado y quiero casarme con él.

-Mire, señora, usted no está bien...

-¿Me está llamando loca? ¿Quién se cree que es para meterse en mis sentimientos?

-Nadie. Pero si no quiere protegerse, yo tengo la obligación de hacerlo y usted no se va a casar con su maltratador mientras yo pueda impedirlo.

Montserrat Navarro, de 46 años, juez decana y de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, colgó el teléfono. Le temblaban las piernas. No era la primera vez que una mujer maltratada la telefoneaba o se presentaba en su despacho para pedirle clemencia con su agresor encarcelado. Pero esta vez, hace unas semanas, una treintañera, madre de los cuatro hijos de un recluso condenado a dos años por lesiones graves y maltrato continuado, le pedía la venia para casarse con su agresor en la prisión de Fontcalent. Navarro fue inflexible: "No". "Me sentí fatal. Probablemente contribuya al sufrimiento de esta mujer. Pero tiré de oficio. No puedo autorizar el matrimonio de un maltratador con su propia víctima, a la que tiene prohibido acercarse a menos de 150 metros. Sería prevaricación".

De 22 internos por violencia doméstica en la prisión de Alicante, 20 han solicitado vis a vis con las mujeres que les denunciaron, lo que supone su consentimiento previo

Pilar Blanco: "Hace falta un plan nacional de formación para todos los sanitarios relacionados con el problema. Se hizo con el sida, ¿por qué no con esto?"

Esos 'que voy que vengo', esas sucesivas rupturas y reconciliaciones que desesperan a la familia pueden no ser fatales. Forman parte del proceso rehabilitador

Concha Méndez: "Tengo en casa a seis mujeres aterrorizadas y a niños de diez años que se hacen pis en la cama todas las noches. Ellos no tienen voz"

La juez Navarro tiene una obsesión. Como los miles de profesionales -jueces, políticos, policías, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados- que tratan con las víctimas de la violencia de género, trabaja en última instancia para que sus clientas no acaben en una lista muy negra. Ésa que, sólo en los primeros 27 días de 2005, ha incorporado seis nuevos nombres de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Una cada cinco días. La misma cadencia brutal y aparentemente inexorable que dejó 72 muertas en 2004.

Mientras la Ley Integral contra la Violencia de Género estrena vigencia y se aguardan los recursos humanos y los 50 millones de euros anuales necesarios para materializar sus medidas, estos profesionales no se pueden permitir esperar. Viven al día y hacen "lo que pueden, como pueden". Muchos de ellos son ellas. Aunque no hay estadísticas oficiales, un simple vistazo a la nómina de las instituciones, ONG, asociaciones y entidades públicas y privadas que las emplean constata que gran parte de quienes dedican su jornada laboral a la atención, asesoramiento y protección de las víctimas de violencia doméstica son, también, mujeres. Ellas son, casi siempre, las que miran a los ojos a sus congéneres y ven en ellos el auténtico rostro del problema.

Tragedia silenciosa

Porque la violencia de género es todavía una tragedia silenciosa. Privada. Pese al ruido insoportable de los asesinatos, al aumento de las denuncias, al sonoro aplauso de sus señorías tras la aprobación unánime de la ley. A pesar del taquillazo de Te doy mis ojos o los himnos superventas de Bebe (Malo, malo, malo eres, / no se pega a quien se quiere), lo que vemos hoy es, según estas profesionales, la eclosión del vértice de un enorme iceberg. La gran masa de hielo sigue ahogada tras las puertas de demasiadas casas. De chabolas y de chalés. Las mujeres que trabajan con las víctimas lo saben. El reto, dicen, no es sólo sacarlas a flote y darles oxígeno de emergencia, como estipula la ley, sino enseñarles a nadar para alcanzar tierra firme. Aunque sea en contra de su propia corriente.

Todavía perpleja, Montserrat Navarro pidió informes al director de la prisión de Alicante. De 22 internos por causas de violencia doméstica, 20 han solicitado vis a vis íntimos con sus parejas, lo que supone su consentimiento previo. Se trata, casi siempre, de las mismas mujeres por cuyas denuncias están en la cárcel. "Que esas mujeres, heridas en lo más hondo, estén dispuestas a encerrarse en un cubículo con su agresor es un hecho que debería hacernos reflexionar", dice Navarro. "No soy una experta", añade, "ignoro si se trata de dependencia económica, miedo, lástima, perdón o enamoramiento ciego, pero creo que estas mujeres necesitan tanto o más que protección pública, ayuda psicológica para autoprotegerse". De momento, su señoría ha tomado una determinación. No va a consentir, como hacía en casos puntuales, visitas de las víctimas a sus agresores presos con orden de alejamiento, aunque medie entre ambos una mampara blindada. "Estoy convencida de que ellos usan esos contactos para seguir amedrentándolas y manipulándolas. No lo voy a consentir".

Otras profesionales con experiencia más directa en la atención a las víctimas no se sorprenden en absoluto de la llamada que tanto inquietó a la magistrada. "La víctima de violencia doméstica es totalmente distinta de cualquier otra. Su verdugo, el tipo que la golpea, o la humilla y amenaza sistemáticamente, es la persona a la que más quiere, el padre de sus hijos. El golpe psicológico es tan fuerte que en muchos casos su cerebro es incapaz de procesar el impacto. Hay víctimas que sufren estrés postraumático, depresión, ansiedad, terrores, trastornos alimenticios... un síndrome complejo al que podríamos llamar adicción emocional, que la ata a su agresor y que le hace adoptar unos comportamientos incomprensibles a la lógica convencional", explica Covadonga Naredo, psicóloga y responsable del programa de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas. Naredo lleva años impartiendo terapia psicológica a mujeres maltratadas y está de acuerdo con Navarro. "Las víctimas necesitan atención psicológica especializada y prioritaria. Denuncien o no denuncien. Antes y después de denunciar. Si la reciben, puede que sean capaces de tomar las riendas de su vida. Si no, es muy posible que nunca reaccionen, y que, si lo hacen, vuelvan a caer". "No se trata sólo de castigar al malo, sino de ayudar a la mujer a recuperar su vida", arguye Cruz Sánchez de Lara, abogada de la federación.

Rupturas y reconciliaciones

Los datos son reveladores. El 20% de las víctimas de violencia doméstica de Valencia pide que se suspenda la pena a sus agresores condenados. Una de cada cuatro mujeres ingresada en las cinco casas de acogida de Baleares en 2004, las abandonó... para volver con su maltratador. Esos que voy que vengo, esas sucesivas rupturas y reconciliaciones a veces clandestinas que desesperan a familiares y amigos de muchas mujeres maltratadas no son necesariamente negativos "si van parejas a la intervención psicológica sobre la víctima". "Como en toda adicción, las recaídas forman parte del proceso de rehabilitación. Contamos con ellas", admite Concha Méndez, trabajadora social, directora de la casa de emergencia de Alcalá de Henares (Madrid).

Méndez, de 48 años, ve a diario la cara más dura de la violencia de género. A su centro llegan solas o con sus hijos, escoltadas por la Policía Local, mujeres que acaban de denunciar a su maltratador. Chicas jóvenes, cuarentonas, licenciadas o inmigrantes sin papeles -el 50% de sus huéspedes en 2004 eran extranjeras, como el 25% de las asesinadas ese año-, profundamente heridas. Unas en el cuerpo y todas en el alma. Disponen de un mes de estancia. Allí reciben asesoramiento laboral y jurídico y apoyo psicológico antes de decidir su futuro. Algunas son viejas conocidas. "Sí, hay mujeres que han tenido hasta tres ingresos en cuatro años. Salen, regresan con él, vuelve el infierno, le denuncian y vuelven aquí. Pero si cada vez que vienen se llevan algo y salen más fuertes, es un pequeño paso adelante. Porque el proceso es largo y cada mujer tiene una evolución distinta. En esto no valen plazos ni condiciones".

Como profesional de choque, en primera línea contra la violencia doméstica, a Méndez le ofenden personalmente las declaraciones de la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, denunciando "la proliferación" en los juzgados de denuncias de dudosa veracidad al amparo de la nueva Ley Integral de Violencia de Género. "Es absolutamente injusto con las víctimas. Si sospecha de la falsedad de algunas denuncias, que siga los cauces legales para combatirlas. Tengo a seis mujeres aterrorizadas que no se atreven a salir a la calle y a niños de diez años que se hacen pis y caca encima todas las noches. Mientras ella siembra la duda, ellos tienen que estar escondidos y no tienen voz".

Pilar Blanco, médica de familia, lleva puesto "un Sonotone y unas gafas especiales". En la consulta del médico de cabecera es donde, según ella, dan la cara sin darla y cuentan su historia sin hablar muchas mujeres maltratadas. "Son esas pacientes con síntomas de ansiedad, de depresión, con dolores de cabeza, o de espalda, o de tripa. Ésas que no mejoran y que vuelven cinco, seis, diez veces al año. Si se las sabe mirar y escuchar con perspectiva de género, sus historias acaban emergiendo". Blanco, coautora del manual La violencia contra las mujeres. Prevención y detección (Díaz de Santos), llevó a cabo una investigación en centros de salud de Granada, Alicante y Madrid. Según los resultados, el 17% de las pacientes de atención primaria sufren algún tipo de violencia doméstica en la actualidad, y el 37% la ha sufrido en el pasado. "Son cifras similares a otros estudios más exhaustivos realizados en Estados Unidos", sostiene. "Lo que ocurre es que en España sólo un 5% de los profesionales de la salud están formados para detectar el problema". En este sentido, según su criterio, la Ley Integral se queda corta. "Hace falta un plan nacional por el que pasen todos los sanitarios relacionados con el problema. Se hizo con el sida, por qué no con esto?". Blanco, que imparte cursos a mujeres maltratadas en la concejalía de la Mujer de Rivas-Vaciamadrid, opina que la detección de la violencia doméstica puede ahorrar muchas muertes y aliviar muchos calvarios personales que permanecen ocultos. "La ley sólo ofrece ayuda y protección a las mujeres que denuncian. Presupone que todas se sienten en peligro de muerte. ¿Y las que no? Está dejando fuera a la masa que nunca va a denunciar porque, simplemente, no está en su naturaleza. A esas mujeres que no piden ayuda, hay que detectarlas y dársela de oficio. Si no, pueden convertirse en irrecuperables".

De milagro

Isabel Llinás, directora del Instituto Balear de la Mujer, nunca denunció. Vive de milagro. En 2001 era directora de dos hoteles en Mallorca. Dos meses después de haberse separado, su ex marido se presentó en su casa y le asestó 15 puñaladas que la dejaron al borde de la muerte. Sólo ahora, tras un año de terapia psicológica y año y medio al frente del organismo autonómico encargado de la prevención y atención a las mujeres maltratadas, Llinás se reconoce en el perfil de víctima de la violencia de género. "Pensaba que sólo había sufrido una agresión. No le ponía nombre al infierno previo de malos tratos psicológicos que había pasado". Sólo la suerte quiso que Isabel no engordara la estadística de su comunidad, la primera de España en número de víctimas mortales en relación con el número de habitantes. Un triste récord que Llinás lucha por desterrar. Gestiona en el despacho y en la calle. Cree que su pasado puede añadir valor a su trabajo. "En esto no valen las grandes estrategias. Hay que escuchar a las víctimas. Yo las recibo, sé de qué me hablan y creo que ellas lo aprecian". Llinás recuerda como uno de los "subidones" de su corta carrera política el día del preestreno de Te doy mis ojos, la película de Icíar Bollaín, en Palma de Mallorca. "Invité a jueces, fiscales, policías. Quería que fuera todo el mundo. Al final, el capitán de la Guardia Civil de Baleares se me puso delante, se me cuadró, y me dijo: 'A sus órdenes, señora'. Aún me emociona".

María Luisa Franco es subinspectora de la Policía Local de Sevilla, pero ejerce de paisano. Es la responsable del grupo Diana, pionero en los servicios policiales especializados en la atención a víctimas de violencia de género en España. Franco y los suyos no llevan uniforme. Tampoco miran el reloj en horario de servicio. "El 80% de las veces, la primera atención psicológica que reciben las víctimas de violencia doméstica es la del funcionario que la atiende en la denuncia. De nosotros depende, entre otras cosas, que siga adelante con el proceso. Por eso es tan importante la formación de los profesionales. En esto no valen las prisas, hay que escucharlas, darles confianza, ponerse en su piel". Los atestados del grupo Diana -el 10% de los 4.500 incoados en Sevilla capital en 2004 refieren casos de violencia doméstica- son relatos hiperrealistas de cinco o seis folios. Las entrevistas con las víctimas pueden durar tres, cuatro, cinco horas. "Hay lágrimas, risas, gritos, silencios. Al acabar, muchas nos dicen: 'Ahora, vamos a denunciar esto a la policía, ¿no?".

Pero, además de las denuncias, el grupo, formado por Franco y otros siete agentes, tiene encomendada la supervisión, seguimiento y protección de 1.200 casos de malos tratos, 800 órdenes de alejamiento y 80 víctimas dotadas con un dispositivo de teleasistencia que les avisa en caso de peligro inminente. ¿Desbordados? La subinspectora toca madera: desde la entrada en funcionamiento del servicio, en 2002, no ha sufrido "ninguna baja" entre sus protegidas.

Tres de los doce alumnos de Mar Rodríguez sí asesinaron a sus parejas. Rodríguez es psicóloga de la prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense). Su trabajo arrastra una pésima reputación -"es inútil, no sirve para nada, se gasta dinero público en los agresores"- entre muchas expertas en violencia de género. Ella está en el otro lado. Su equipo imparte un programa de terapia de rehabilitación a condenados por violencia en el ámbito familiar. Consciente de su mala fama, Rodríguez defiende su labor. "Comprendo que las víctimas no apoyen nuestro trabajo. Pero los profesionales deberían tener una visión más objetiva. El origen del problema está en el maltratador. Si sólo se le castiga y no se le hace que se cuestione nada, saldrá de prisión exactamente igual que entró, sólo que con más rabia dentro. Si con la terapia conseguimos, al menos, que se le remueva algo por dentro, que empiece a cuestionarse su comportamiento, algo se habrá avanzado". El ex marido de Isabel Llinás no saldrá nunca de prisión. Se suicidó en la cárcel al poco de dejar a su esposa moribunda en el cuarto de baño de la casa que compartieron. Eso es pasado. Las heridas del cuerpo cicatrizan. Para las del alma, la directora del Instituto Balear de la Mujer, que ha elegido como profesión escuchar a diario las mismas historias que lucha por olvidar, tiene un bálsamo particular. "Vivo a 80 kilómetros de mi despacho. En esa hora de coche, cada día, lavo mi corazón". La melodía de su móvil lo dice todo: I will survive (Sobreviviré).