Las Palmas pide que se embarguen 40 millones a la federación

La situación inédita que vive el Las Palmas puede alterar los cimientos del fútbol español. La federación española se niega a tramitar la licencia definitiva del actual técnico del equipo grancanario hasta que no se liquide a su predecesor, como especifica el reglamento, y tampoco la de los jugadores llegados en el mercado de invierno. Por ello los administradores concursales que rigen el club reclamaron al juez que lo tutela que ordene como medida cautelar, por los daños ocasionados a la entidad, el embargo de bienes de la federación por un valor de 40 millones.

Al margen de la petición de embargo, los administradores concursales que rigen el club, de Segunda B, presentaron ayer en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas varios escritos en los que se pide a su titular, Juan José Cobo Plana, que se remita al Ministerio Fiscal por si encuentra indicios de delito en la reiterada desobediencia por parte de la federación de los autos dictados por el propio juez. Fue el propio Cobo quien mediante un auto destituyó al técnico David Amaral, autorizó la llegada de su sucesor, Carlos Sánchez Aguiar, y el fichaje de Carcedo en el mercado invernal. En varios autos el juez de lo Mercantil ha aclarado que su jurisdicción en los asuntos concernientes a la vida económica de la sociedad anónima deportiva UD Las Palmas es "exclusiva y excluyente" desde el pasado 5 de noviembre de 2004 -fecha en la que la UD Las Palmas quedó afectada por la ley Concursal-, y que la Federación Española debía "inhibirse en favor de este juzgado". Como David Amaral no ha recibido la liquidación -está apartado de sus funciones, pero sigue cobrando en espera de un inminente expediente de regulación de empleo-, el Colegio de Entrenadores, dependiente de la federación, no ha tramitado la licencia definitiva de su sucesor.

Las últimas cuatro semanas han transcurrido en medio de un cruce de comunicaciones en los que el juez Cobo ha intentado -hasta ahora sin éxito- que se tramite la licencia definitiva de Carlos Sánchez Aguiar, el técnico madrileño que ha llevado al equipo desde el decimosegundo puesto de la tabla hasta el cuarto, después de seis victorias consecutivas. La buena impresión inicial que suscitó la respuesta de la FEF al auto del 10 de diciembre, que acordaba la medida cautelar de "la tramitación inmediata de la licencia y ficha federativa a favor de D. Carlos Sánchez Aguiar", sentaba un precendente que no hacía augurar la posterior suspensión de los servicios federativos. El 17 diciembre la FEF recibió por fax la comunicación del auto.

Tan sólo varias horas después trasladó por la misma vía el acuerdo de "ordenar que se expida licencia provisional (...) ello sin perjuicio de solicitar respetuosamente al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas aclaraciones al respecto, dado que lo ordenado está en contradicción con las previsiones contenidas en el artículo 245.1 del Reglamento General federativo aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea General y ulterior y definitivamente por el Consejo Superior de Deportes".

El aturdimiento de la Federación era evidente, pero un mes después aún no ha salido de él. Hasta cuatro licencias provisionales han llegado a la sede del club vía fax. La última el pasado viernes, a pesar de que el 11 de enero Cobo Plana ordenaba en un nuevo auto la tramitación de la licencia definitiva para el entrenador y las licencias de los jugadores que causaran alta o baja tanto en el primer equipo como en la cadena de filiales. Un día antes de que llegara esa última autorización que permite a Sánchez Aguiar ocupar el banquillo, los administradores concursales se personaron en la sede de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, donde informaron al club la pasada semana que se le habían suspendido los servicios federativos y no tramitarían las licencias de dos jugadores del equipo juvenil.

Los 40 millones de euros que la administración concursal solicita de embargo preventivo a la FEF son las dos terceras partes de la deuda de la sociedad anónima deportiva. La ley Concursal contempla una quita de un tercio de la masa pasiva (20 millones de euros), con lo que el pasivo resultante del convenio de acreedores al que se pretende llegar alcanza los 40 millones. El razonamiento es bien simple. La suspensión de derechos federativos -no tramitar las licencias- pueden impedir que se cumpla el objetivo de la administración concursal de dar un giro a la empresa en dificultades, lograr su viabilidad mediante un convenio de acreedores y la proteccion de sus créditos. Es decir, que sobreviva la sociedad.