Los grupos evidencian sus diferencias para rechazar de forma unánime el 'plan Ibarretxe'

Los partidos andaluces pusieron ayer de manifiesto sus diferencias para suscribir una iniciativa conjunta en el Parlamento andaluz para rechazar el plan Ibarretxe. A la vista de la dificultad de encontrar un punto de encuentro, el Gobierno y los cuatros grupos parlamentarios decidieron reunirse de nuevo el próximo lunes para intentar cerrar un acuerdo. Ayer cada grupo llevó su propuesta. En estos días el portavoz del grupo socialista, Manuel Gracia, intentará elaborar un texto que sea asumible por todos los partidos. La idea es que sea un documento de mínimos en el que quede claro el rechazo al plan Ibarretxe y el papel principal de Andalucía en el debate sobre el modelo territorial.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y los portavoces del PSOE, Manuel Gracia; del PP, Antonio Sanz; Izquierda Unida, Concha Caballero y PA, José Calvo, mantuvieron ayer una reunión para avanzar en el rechazo institucional del Parlamento andaluz al plan soberanista del Parlamento vasco. Y aunque todos los grupos coinciden en ese rechazo, las razones y los métodos que cada uno defiende para impugnarlo se diferencian, en algunos casos con matices y en otros de forma más profunda.

Lo único que cerraron los grupos fue que el rechazo al plan Ibarretxe se materializará mediante una proposición no de ley, lo que permitirá a cada grupo posicionarse en la Cámara e introducir los elementos que se quieran.

Al documento base de la Junta para rechazar el plan los grupos hicieron aportaciones propias. La propuesta del PA es la más parecida a la del Gobierno autonómico, mientras que las diferencias son más evidentes en el caso del PP y de IU.

El texto de la Junta destaca que el plan Ibarretxe supone un "desafío político y legal" y plantea su rechazo por el Parlamento andaluz porque supone "una ruptura del consenso constitucional". Además, subraya el papel que tuvo Andalucía en el actual diseño del Estado autonómico y que la comunidad quiere "de nuevo, hacer oír su voz para exigir se preserve la igualdad" de derechos entre las distintas autonomías.

A este documento base, el PP introduce varias frases en la exposición de motivos e incluye nuevos puntos. Así, el PP propone que se recurra el plan Ibarretxe en el Tribunal Constitucional (iniciativa que rechaza el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y plantea que cualquier reforma estatutaria debe prever la cesión de competencias de las autonomías a los ayuntamientos.

IU, por su parte, deja la puerta abierta a la reforma del Título VIII de la Constitución (que prevé el diseño del Estado autonómico), iniciativa rechazada por el Gobierno y el PP, y plantea el rechazo al plan Ibarretxe porque supone un alejamiento del "Estado federal o solidario".

Tras la reunión, Zarrías hizo un llamamiento a los grupos para que busquen los puntos de encuentro (el rechazo al plan Ibarretxe y el rechazo a los privilegios entre autonomías) y orillen sus diferencias para llevar al Parlamento una posición común.

En esta línea abundó Gracia, quien tiene la tarea de elaborar una propuesta que sea asumible por todos los grupos. El portavoz socialista razonó que los grupos no deben perder de vista las dos ideas fundamentales (rechazo al plan soberanista y y el papel de Andalucía en el debate territorial) y que luego en el pleno añadan las ideas que quieran. Añadió que ante esta iniciativa "no se pueden meter de contrabando" cuestiones que han de verse en la comisión que estudia la reforma del Estatuto andaluz. Y subrayó que su propuesta no puede ser una suma de las propuestas de todos los grupos y que es mejor ir a un documento de mínimos.

Sanz, por contra, se mostró partidario de que sea una iniciativa amplia y se opuso a que el consenso se traduzca "en un pobre rechazo de mínimos". Añadió que el documento de la Junta era "insuficiente" y le faltaba "contundencia". Caballero reconoció que es "difícil" llegar a un acuerdo con los planteamientos de PSOE y PP sobre la reforma constitucional. Calvo se arrimó a la idea del PSOE y consideró que no es conveniente "meter otros elementos" adicionales en el rechazo del Parlamento al plan.