Miles de empleados públicos franceses se movilizan contra la política social del Gobierno

La protesta de los trabajadores del sector público en Francia dio ayer un salto cualitativo con la movilización de los funcionarios y de los docentes que, por cientos de miles, salieron a la calle en toda Francia en contra de las reformas de corte neoliberal que tímidamente intenta sacar adelante el Gobierno conservador de Jean-Pierre Raffarin. El paro en la enseñanza pública fue superior al 50%, y el impacto de la huelga en la Administración fue muy evidente. Además de numerosos centros oficiales, en París cerraron casi todos los museos, incluido el del Louvre.

Por la tarde, una manifestación reunió a cerca de 50.000 personas en la plaza de la República, según los organizadores. La policía redujo la cifra a 20.000.

"Aumentar salarios para un servicio público de calidad", decía la pancarta que encabezaba la marcha en la capital francesa. En primera fila, en una insólita muestra de unidad, se encontraban los principales líderes sindicales: Bernard Thibault (CGT), Francois Chéreque (CFDT), Jean-Claude Mailly (FO), Jacques Voicin (CFTC) y Alain Olive (Unsa). Según un cálculo de la agencia France Presse, a partir de las cifras proporcionadas por los sindicatos y la policía, entre 184.000 y 300.000 funcionarios se lanzaron a la calle en toda Francia. Desde policías a enfermeros, pasando por barrenderos, burócratas, agentes territoriales o asistentes sociales. Unas 12.000 personas desfilaron en las marchas de Burdeos; 10.000 en Marsella; 4.500 en Rouen y 2.200 en El Havre, entre otras localidades. Asimismo, en una clara muestra de que cualquier chispa puede prender el descontento, los controladores aéreos del aeropuerto de Burdeos se declararon en huelga paralizando el tráfico aéreo en esta ciudad del sur de Francia.

El Gobierno tuvo que reconocer que el seguimiento de la huelga estuvo por encima del 45%, un nivel de movilización similar al de la gran ola de descontento social que desencadenó la reforma de las pensiones en 2003. La jornada de ayer seguía a la del miércoles, cuando los trabajadores de los ferrocarriles públicos consiguieron paralizar en buena parte el tráfico ferroviario, al tiempo que los enfermeros de los quirófanos hospitalarios se limitaban a cubrir las urgencias.

El problema de fondo, sin embargo, y pese a que las razones de los huelguistas son todas ellas sectoriales -los maestros y profesores rechazan el proyecto de ley de reforma educativa o los psiquiatras piden un reconocimiento de su papel en la sanidad pública-, es salarial. Los sindicatos aseguran que desde enero de 2000 se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 5%, pero el Ejecutivo sólo ha previsto un aumento del 1% para este año, que en realidad es de medio punto ya que la otra mitad no se hará efectiva hasta noviembre, todo ello para no aumentar el déficit público. La protesta refleja también los temores ante un largamente anunciado desmantelamiento del sector público francés, como lo demuestra que también se sumaran a la huelga trabajadores de la ya privatizada France Telecom.

El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Hervé Gaymard, a quien le ha correspondido la tarea de gestionar la cartera dejada por Nicolas Sarkozy en su camino hacia la presidencia, no lo tiene nada fácil, aunque ayer se mantuvo firme en su rechazo a negociar una revisión salarial en la función pública. "Las huelgas han sido secundadas de forma muy dispar", dijo, "hay que tenerlo en cuenta en los dos sentidos, porque también hace falta modernizar el país". Raffarin, cuya permanencia en el cargo sigue siendo fuente de toda clase de chanzas, fue más ambiguo. "Hay que escuchar los mensajes de los manifestantes", aunque advirtió a los sindicatos contra la tentación de romper el diálogo social. "La huelga es un elemento de diálogo social", dijo, "lo que no es aceptable es que se use para bloquearlo".

Los sindicatos acusan al Ejecutivo conservador de falta de visión y de haber perdido la esperanza en el sector público "desde el punto de vista financiero". Las centrales dejaron claro que la jornada de ayer es sólo "un primer paso" y pidieron al Gobierno "gestos concretos inmediatos para tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos".