Cada distrito de Barcelona tendrá un juzgado para conflictos menores

Cada uno de los 10 distritos de Barcelona tendrá oficinas de justicia local que atenderán los conflictos entre las personas derivados de la convivencia, deudas de menor cuantía y recursos contra actos de la administración municipal. Es uno de los fundamentos de la justicia de proximidad de la Carta Municipal que ha sido asumido por el Ministerio de Justicia en las negociaciones con el consistorio y la Generalitat. El acuerdo está casi cerrado.

Salvadas las reticencias que siempre ha despertado un modelo de justicia ajeno al Poder Judicial, todo parece indicar que la propuesta de justicia de proximidad -o de distrito o local, como se le prefiera denominar- que propone la Carta de Barcelona será realidad. No sólo en Barcelona ya que el modelo se podría aplicar en otras grandes ciudades, según fuentes cercanas a los negociadores de la Carta Municipal.

En el caso concreto de las competencias en materia de justicia que supone la Carta, la actitud de los técnicos del ministerio ha pasado de una oposición casi frontal a una aceptación de un modelo que se pretende aplicar en otras grandes ciudades que estén interesadas. La opinión favorable al modelo de justicia de proximidad por parte de un grupo de magistrados del Tribunal Supremo ha influido en el cambio de actitud, según fuentes próximas a las negociaciones.

El juez de proximidad tendrá competencias para resolver las faltas menores, las reclamaciones civiles de deudas de menor cuantía -la cifra que proponía la Carta era de 3.000 euros- y las demandas contencioso administrativas. Por ejemplo, en el orden civil, la Carta supone que el juez de proximidad o de distrito dirima los procedimientos de defensa de los consumidores o los derivados de desacuerdos en comunidades de propiedad horizontal, entre otros. En materia contencioso administrativa, el juez atenderá los recursos contra sanciones impuestas por el consistorio. Y tocante a las faltas, las competencias de los nuevos juzgados se centrarán en los conflictos menores entre las personas y las faltas cometidas por imprudencia.

También hay acuerdo sobre el sistema de elección de los jueces. Deberán ser licenciados en derecho -no procedentes de la carrera judicial, algo parecido al sistema de la designación de los jueces del cuarto turno - y serán elegidos por el sistema de terna propuesto por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los jueces municipales tendrán un mandato inicial de seis años, según fuentes cercanas a la negociación.

Uno de los puntos de desacuerdo era la forma de hacer efectiva esas reformas y ahora parece que también se ha desatascado. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que el ministerio afrontará la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en paralelo al proceso de debate y aprobación del conjunto de la Carta por el Congreso.

Ése era un punto de fricción entre la comisión negociadora porque desde el consistorio -y también por parte de la Generalitat-se quería evitar el riesgo de que la Carta se aprobara en unos términos imposibles de aplicar si no se afrontaban inicialmente las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Falta concretar todo lo relativo a la aplicación material de la justicia de proximidad: la financiación de las nuevas oficinas, el nombramiento de los secretarios y la dotación de recursos tanto personales como materiales, cuestiones que serán abordadas en una segunda fase entre el consistorio y el Departamento de Justicia de la Generalitat.

El acuerdo final en el capítulo de la justicia se cerrará próximamente mientras prosiguen las reuniones a tres bandas -Administración central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona -para llegar a una solución en lo que es el caballo de batalla de la Carta: la financiación.

En contactos con representantes de Hacienda se ha dado el visto bueno a la participación en la cesión de los impuestos del IRPF, IVA e impuestos especiales. Pero en lo que no se ha llegado a la fumata es de cuánto será esa participación.

Desde Barcelona se planteó la cesión del 10% del IRPF -ahora es del 1,6%- el 20% del IVA -ahora es el 1,7%- y el 30% de impuestos especiales, actualmente el 2%. Estos porcentajes podrían suponer un incremento notable para los ingresos de las arcas municipales.